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Garzón insta a Perú a acelerar la investigación sobre esterilizaciones forzadas
El exmagistrado de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón instó hoy al Estado peruano a acelerar la investigación sobre el caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
“Estos casos no se han profundizado judicialmente. La única forma de saber efectivamente si el Estado es culpable es con un investigación”, manifestó Garzón en declaraciones publicadas hoy por la agencia oficial Andina.
Durante su intervención en el cuarto Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, que se celebró del 2 al 4 de noviembre en Lima, Garzón incidió en que “es necesario conocer quién autorizó el programa de esterilizaciones y cómo se hizo”.
Garzón destacó la necesidad de resolver en la brevedad de lo posible el caso de Mamérita Mestanza, una mujer campesina fallecida en abril de 1998 tras haber sido presuntamente forzada a someterse a una ligadura de trompas.
El exmagistrado cuestionó que las denuncias de las esterilizaciones forzadas no hayan progresado veinte años después de que ocurrieran los hechos y que ni siquiera se haya aplicado ninguna reparación integral a las mujeres afectadas.
“Considero que el Estado peruano debe desarrollar un programa de capacitación y sensibilización en derechos humanos y reproductivos a los funcionarios de los diversos escalafones que se tengan para cumplir de manera efectiva con la distribución de justicia”, añadió.
La investigación de las esterilizaciones forzadas se encuentra actualmente a cargo de la fiscal supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, y abarca las denuncias de 2.074 personas.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas intervenciones se practicaron mediante presuntos engaños y coacciones.
En mayo pasado el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar una decisión tomada en enero de archivar el caso, después de que fuera reabierto en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y al menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se habían encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
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