Gaspar (PSPV) propone acabar con el aforamiento de los diputados y limitar a ocho años el mandato en la Generalitat

Éstas son algunas de las propuestas de Gaspar, que planteó este martes en un acto en Benidorm (Alicante), para ser incluidas en el programa electoral del partido con el fin de luchar “de manera real y contundente contra la corrupción y los privilegios en la política”, según ha informado su equipo en un comunicado.

El aspirante a las primarias que elegirán al candidato socialista a la Presidencia también ha planteado un acuerdo parlamentario de todos los grupos que “comprometa la observancia de unos principios éticos, donde se recojan las acciones en materia de transparencia, retribuciones y compatibilidades que todos los cargos públicos deben cumplir, especialmente los miembros del gobierno, diputados y altos cargos autonómicos”.

Para Gaspar, los representantes políticos “optan de manera voluntaria a ocupar un cargo público, por lo que deben ser conscientes de antemano de que este hecho no conlleva privilegios y sí, algunos sacrificios”.

De este modo, Gaspar cree imprescindible “acabar con el aforamiento de los políticos, porque no se puede trasladar a la sociedad que ante la justicia no todos somos iguales”. Otro de los temas tratados fue la designación que reciben los representantes públicos, de los que para Toni Gaspar “es incomprensible” que se acumulen sueldos y retribuciones de diferentes instituciones.

A ese respecto, apuntó que habría que estipular la obligatoriedad de recibir un único salario por un único cargo, incluyendo las atribuciones económicas que se reciben de los partidos políticos Gaspar también se mostró partidario de limitar en ocho años la duración de mandato en la Generalitat, “tanto para el presidente como para cualquier miembro de su gobierno”.

“TOTAL TRANSPARENCIA PÚBLICA”

Asimismo, también incidió en la importancia de la “total transparencia pública”, que recoja “no solo los aspectos económicos del político, sino también a su entorno familiar”. Por último, aludió a licitaciones públicas como origen de algunos de los casos de presunta corrupción más conocidos, y considera que “habría que incidir en la transparencia de todo el proceso de contratación, incluyendo los informes técnicos, así como limitar la adjudicación por procedimiento de emergencia”, entre otras medidas.