La Generalitat denunciará ante la UE los supuestos incumplimientos del Estado

El Govern de la Generalitat denunciará ante las instituciones europeas, a través del nuevo representante permanente de la Generalitat en Bruselas, los supuestos incumplimientos de la normativa europea que haga la Administración del Estado, y que puedan perjudicar a los intereses de Cataluña.

Así lo ha anunciado el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, quien ha denunciado la “reiterada y descarada” tendencia del Gobierno central a incumplir normativas europeas, citando casos como el reparto del límite de déficit, el proyecto Castor y el decreto de pobreza energética, que podrían llevarse en las próximas semanas ante las instituciones europeas.

En la conferencia de prensa tras la reunión del Govern, Homs ha juzgado que el Estado “no ha interiorizado” que “forma parte de la UE” porque, ha añadido, “no es precisamente el primero” en querer aplicar las directivas europeas.

El ejecutivo catalán ha abierto así un frente en Bruselas en un momento en el que el Gobierno central estudia impugnar las nuevas delegaciones internacionales de la Generalitat en Roma y Viena y su ley de acción exterior.

Con la nueva configuración de la acción exterior de la Generalitat, será el representante permanente ante la UE, Amadeu Altafaj, el encargado de comunicar posibles incumplimientos a las instituciones europeas, hacer un seguimiento de los mismos e informar periódicamente al Govern.

Homs ha explicado que el gobierno catalán ya lleva tiempo denunciado posibles incumplimientos ante la UE, pero a partir de ahora lo hará de “una manera más sistematizada y más coordinada en el seno del Govern”.

El conseller ha indicado que esta decisión es consecuencia “de una experiencia acumulada de estos últimos dos años, particularmente, al ir constatando que, de forma reiterada e incluso se podría decir de forma descarada”, el Gobierno incumple, a su juicio, la normativa de la UE.

Según Homs, aún no se han determinado los primeros casos que se llevarán ante la UE, pero ya ha avanzado que habría posible incumplimiento en el reparto que el Gobierno central hizo del déficit autonómico, en la indemnización al proyecto Castor o en el recurso de inconstitucionalidad que presentó al decreto catalán de pobreza energética.