La Generalitat tiene hasta mañana para comunicar acuerdo de no disponibilidad

La Generalitat catalana dispone de plazo hasta mañana para comunicar al Ministerio de Hacienda el acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto, que no afecte a servicios fundamentales, exigido por el Gobierno el pasado viernes para garantizar que no destina fondos públicos al referéndum ilegal.

Según han informado a Efe fuentes del Ministerio, el plazo de 48 horas expira mañana, tras la publicación el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo adoptado en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos en este sentido, y por el momento no se ha recibido ninguna comunicación del Govern al respecto.

El domingo, como otros festivos, computa como día inhábil a todos los efectos de plazos señalados en días.

La Generalitat ha presentado esta mañana un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para intentar evitar que entren en vigor estas nuevas medidas de control aprobadas por el Consejo de Ministros.

Entre esas medidas, el Gobierno también acordó la intervención de las cuentas de la Generalitat para asumir el pago de los servicios esenciales.

Según el BOE del sábado, el Gobierno asume los pagos correspondientes a los créditos que aparecen especificados en el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 20 de noviembre de 2015, a cuenta de los fondos de financiación autonómica que transfiere mensualmente a Cataluña.

En ese acuerdo de 2015 se detalla que, aparte de la sanidad, la educación y los servicios sociales, aparecen como otros servicios públicos prioritarios la remuneración del personal de la Generalitat y sus entes dependientes, el gasto corriente, las transferencias a entidades locales, los pagos de los intereses y vencimientos financieros y las inversiones financiadas con fondos europeos.

Además, el listado incluye como prioritarios varios programas presupuestarios de Administración de Justicia, servicios penitenciarios, seguridad ciudadana, seguridad viaria, prevención y extinción de incendios y protección civil.

El Estado también pagará directamente a los acreedores por servicios de infraestructuras ferroviarias, ayuda al transporte público de viajeros, puertos y aeropuertos, entre otros.

Para esto, el interventor general de Cataluña deberá presentar al menos mensualmente la relación de los acreedores con los que la comunidad autónoma tiene pagos pendientes en estos ámbitos considerados como servicios públicos prioritarios.