El Gobierno de Brasil anuncia un plan de emergencia para cesar la crisis carcelaria

El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardoso, anunció hoy un plan de emergencia con once medidas para detener la crisis que afecta a las cárceles de Maranhao, en el noreste del país, informaron fuentes oficiales.

El plan fue anunciado por Cardoso después de mantener una reunión con la gobernadora de Maranhao, Roseana Sarney, en la ciudad de Sao Luis, la capital regional.

En las cárceles de Maranhao 62 presos murieron desde enero de 2013 en una ola de violencia que tomó las calles de ese estado, con atentados ordenados desde las prisiones frente al refuerzo de la seguridad.

Entre las medidas anunciadas, destaca el traslado de presos de los presidios con mayor índice de hacinamiento y la revisión de las fichas de los presos, una por una, para detectar a los presos preventivos, que están en la cárcel antes de haber sido juzgados, y a los que han excedido su tiempo de condena.

“Reuniremos defensores (del pueblo), si es necesario hasta de otros estados, ver caso a caso, preso a preso, si tiene derecho a una progresión de la pena. Hay casos de presos en Brasil que están cumpliendo pena más allá de su tiempo”, dijo Cardoso en una rueda de prensa.

También se pondrá en práctica un plan de inteligencia dentro de los centros penitenciarios y se creará un núcleo de atención a familiares de presidiarios, medidas que ya se han puesto en práctica en otras regiones del país.

Entre otras medidas, se pondrá en marcha un curso de capacitación de policías que están implicados directamente en acciones de seguridad y vigilancia de presos.

La aplicación de estas medidas estará coordinada por un comité gestor, que estará liderado por la gobernadora Sarney, integrado por representantes de los tres poderes, de la fiscalía y la policía y será supervisado por el Gobierno.

Sarney anunció también que se abrirán 2.800 nuevas plazas en el sistema penitenciario de Maranhao hasta diciembre de 2014, para reducir el hacinamiento y evitar así los habituales enfrentamientos entre mafias rivales.

Según el gobierno regional, se invertirán 131 millones de reales (cerca de 54 millones de dólares) para la mejoría del sistema penitenciario.