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El Gobierno informa a las CCAA del PP de las líneas de la reforma de la administración, que presentará en un mes
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado este lunes a los consejeros de Presidencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP del estado de los trabajos de la reforma de las administraciones públicas, cuyas líneas generales el Ejecutivo presentará antes del 30 de junio, según han informado a Europa Press fuentes asistentes a la reunión.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha presidido este encuentro, al que también han asistido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas; el secretario ejecutivo de Política Autonómica, Juan José Matarí; el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales; y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Sáenz de Santamaría ha explicado a los consejeros de Presidencia las líneas generales de esa reforma, que incluye entre otros aspectos una reducción de la administración institucional que deben realizar todas las autonomías. El Gobierno ha asegurado a las comunidades del PP que cualquier aportación a esta reforma será bienvenida, según las fuentes consultadas.
EL 30 DE JUNIO, FECHA TOPE
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ya tiene casi ultimadas las propuestas que recogerá en un amplio informe de reforma de la administración y que incluirá medidas que afectan a las “estructuras y procedimientos”, y también a la propia cultura de la Administración, en palabras de Sáenz de Santamaría.
La CORA lleva varios meses trabajando en cuatro grupos de trabajo: Duplicidades; Simplificación Administrativa; Administración Institucional; y Gestión de Servicios y Medios Comunes. El plazo para entregar sus trabajos termina el próximo 30 de junio. La vicepresidenta avanzó recientemente que, dentro de esta reforma, el Gobierno regulará a través de una ley básica la supresión de los organismos públicos.
Para buscar el máximo consenso en esta reforma, el Ejecutivo constituyó el pasado mes de febrero un consejo asesor formado por representantes de los sindicatos mayoritarios en la Administración Pública, patronales de las empresas españolas, autónomos, Consejo de Consumidores y Usuarios, Defensora del Pueblo y sector académico.
