El Gobierno de Costa Rica presenta un plan de lucha contra evasión fiscal

El Gobierno de Costa Rica presentó hoy un plan de lucha contra la evasión fiscal y el contrabando como parte de sus acciones dirigidas a la reducción del déficit fiscal que en 2017 cerró en el 6,2 por ciento del producto interno bruto.

El plan consiste en 10 acciones entre las que se destacan intensificar el cobro a 800 grandes contribuyentes que adeudan al fisco unos 130 millones de dólares y ejercer un mayor control sobre 117.000 contribuyentes que declararon cero utilidades en 2017.

Además, la iniciativa anuncia que durante el segundo semestre de 2018 las autoridades llevarán a cabo 1.000 operativos contra el contrabando de mercancías y que utilizará nuevas herramientas tecnológicas en las aduanas para garantizar el pago de los respectivos impuestos.

El Gobierno también pidió a los ciudadanos denunciar por medio de una aplicación web del Ministerio de Hacienda casos de contrabando o evasión de impuestos.

“Estamos anunciando medidas contundentes contra la evasión y el contrabando que son áreas que debemos atacar. Vamos a luchar de frente contra la competencia desleal”, declaró en una conferencia de prensa el presidente costarricense, Carlos Alvarado.

Estas iniciativas de lucha contra la evasión fiscal se unen a un plan de austeridad presentado el mes pasado por el Gobierno que contienen reducciones en gastos y pluses salariales del sector público, bajada o congelamiento de salarios de altos funcionarios, traslado de parte del superávit de algunas instituciones al pago de deuda, entre otras acciones.

El Gobierno de Alvarado ha presentado estos dos planes, al igual que el compromiso de no aumentar el presupuesto para 2019, como señales para que el Congreso avance en el trámite de una reforma tributaria que busca inyectar recursos frescos por el orden del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

El déficit fiscal de 2017 cerró en el 6,2 por ciento del PIB y para 2018 se proyecta en el 7,1 por ciento sin reforma tributaria.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica estudia desde hace más de dos años el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que consiste en una reforma tributaria que introduce cambios en el impuesto sobre la renta, la renta de capital y reducción de incentivos salariales en el sector público.

Pero el principal punto del proyecto es la transformación del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado de la misma tasa, pero que gravará los servicios y ampliará la base de productos.

La cúpula empresarial del país ha mostrado su apoyo al Gobierno en cuanto a la reforma fiscal, pero ha señalado la necesidad de que haya una reducción fuerte en los gastos.

Lo sectores sindicales se oponen a nuevos impuestos y la reducción de pluses porque consideran que el sector público no es el culpable del déficit, sino los grandes evasores de impuestos.

Entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial han expresado su apoyo a la reforma tributaria y a las medidas de contención del gasto del Gobierno de Alvarado.

Sin embargo, estos organismos coinciden en que si bien Costa Rica está tomando pasos necesarios y adecuados, necesitará en el futuro acciones más integrales para resolver el déficit en el largo plazo.