El Gobierno dice que Diego se paga sus viajes y que en 2010 estaba en la oposición

El Gobierno de Cantabria ha afirmado hoy que el presidente, Ignacio Diego (PP), “se paga, como es lógico, sus propios viajes privados”, y ha recordado que en 2010 no tenía responsabilidades en el Ejecutivo y su cargo era de diputado en la oposición.

El Gobierno ha emitido un comunicado a raíz de las noticias sobre la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés en relación a la empresa Aguagest y el supuesto pago de estancias a políticos, entre ellos Diego y el actual consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, en el Balneario de Las Caldas (Oviedo).

Dicha empresa está siendo investigada dentro del denominado caso Pokemon, abierto en algunos ayuntamientos de Galicia y que supuestamente se habría extendido a otros de Asturias, donde Aquagest gestionaba el servicio municipal del agua.

El Juzgado ha dictado una providencia en la que cita como imputada a la empresa por la presunta comisión de un delito continuado de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.

En la providencia, contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, la magistrada identifica a cuatro personas como las que se alojaron en el Balneario de Las Caldas a cuenta de Aquagest.

Se trata del actual presidente de Cantabria; su consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso; el actual director general de Administración Local del Principado y ex concejal socialista del Ayuntamiento de Llanes, Francisco José Balmori, y la ex concejala del PP en el Ayuntamiento de El Franco y ex diputada del Parlamento asturiano Rebeca Heli Álvarez Martínez.

La jueza ordena que se libre oficio al Parlamento cántabro para que certifique qué cargos ostentaban Ignacio Diego y Rodríguez Argüeso en agosto de 2010 y reclama también de la Cámara asturiana que detalle los cargos de Balmori y Álvarez Martínez en febrero de 2010 y octubre de 2009, respectivamente.

El Gobierno de Cantabria destaca en un comunicado que, “de confirmarse esa solicitud” de información al Parlamento, el presidente y el consejero de Obras Públicas “prestarán su total colaboración con todo lo que se requiera de ellos”.

Asegura además el Ejecutivo que “en ningún caso ni el presidente ni el consejero están siendo objeto de investigación judicial”.

“El presidente se ratifica en las manifestaciones realizadas a los medios de comunicación de Cantabria el pasado mes de junio sobre este asunto. El presidente se paga, como es lógico, sus propios viajes privados”, asevera el Ejecutivo en su comunicado.

Y precisa que en el año 2010 “el único cargo que ostentaban” el presidente regional y el consejero era “el de diputados de la oposición parlamentaria en Cantabria” sin que sus cometidos “pudieran tener influencia alguna en el objeto de la instrucción judicial”.