El Gobierno de Ignacio González pidió a un alto cargo buscar irregularidades de sindicatos para tapar el fraude de la formación
La juez que investiga el caso Aneri, una trama de corrupción que captó más de 15 millones de euros de distintas administraciones en ayudas para formación de parados, cada vez dispone de más datos que apuntan a ciertas complicidades de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Ignacio González con los promotores de la supuesta estafa. El caso -que acumula media docena de imputados, el más significativo el empresario cordobés José Luis Aneri que actuaba como intermediario de dos decenas de asociaciones profesionales- amenaza ahora a la anterior cúpula de empleo del Gobierno madrileño.
La primera imputada ha sido la que fuera directora general de Formación, Patricia Herrero, por intentar enterrar el fraude y evitar que cayera en manos de la Justicia. En una charla grabada en su departamento que desveló eldiario.es Herrero dio órdenes a su subordinado, el entonces subdirector general de Formación Continua Joaquín Velázquez, para que no llevase los indicios de la estafa a la Fiscalía. “No metamos a la Fiscalía a revolver la mierda aquí”, dijo hasta en dos ocasiones en una conversación grabada el 20 de enero de 2014 en un despacho de la Consejería de Empleo. Casi un mes después, el 16 de febrero, la misma alto cargo destituyó por pérdida de confianza a su subdirector general, cuando supo que este había revelado sus indicios a la policía.
El pasado 18 de abril el mismo alto funcionario de la Comunidad relató ante el juez los impedimentos que sus superiores le impusieron para evitar que el fraude llegase a los tribunales. Joaquín Velázquez contó algo más: reveló que la entonces directora general de Empleo le dio instrucciones de buscar irregularidades para implicar a los sindicatos e intentar enterrar el caso.
El subdirector general lo contó así a la juez Esperanza Collazos Chamorro, según la declaración que ha adelantado El País: “Cuando estábamos dilucidando si había fraude en la formación en entidades concretas con direcciones concretas, la instrucción de la directora general de Formación, que ya se había dado por teléfono, ahora por escrito es: Busca, porfa, alguna anomalía en [formación] continua de UGT y Comisiones Obreras. Lo que se nos pidió es que buscáramos información específica para perjudicar a otras entidades diferentes que no fueran las que estaban siendo investigadas con objeto de poder callar la boca a los sindicatos que en ese momento estaban empezando a hablar”.
El alto funcionario relató además una paliza que recibió a las puertas de su domicilio el día que la policía detuvo al empresario Alfonso Tezanos, vocal de la patronal madrileña CEIM y un hombre bien relacionado con el Gobierno de Ignacio González. Joaquín Vélazquez reveló que le pegaron a las puertas de una vivienda de alquiler cuya dirección “solo conocía la Comunidad de Madrid”. “El 11 de marzo mí me pegan a la puerta de mi casa. Y ese día, estaba todavía de periodo de vacaciones aunque cesado, decido con mi novia irme a vivir con Bruselas durante bastante tiempo hasta hace muy poco que he vuelto, por miedo a que pudiera pasarle algo a mi familia”, aseguró a la juez, en presencia del resto de abogados de la causa.
Cuando se le preguntó si cree que el fraude se agota en el empresario cordobés José Luis Aneri -encarcelado cuando la policía comprobó que había aportado miles de alumnos falsos que nunca asistieron a los cursos por los que percibió millones de euros en ayudas públicas- el subdirector general de Empleo defendió que Aneri le parece solo “una gota de agua” en el escándalo. La juez ya apuntó hacia los dos últimos Gobiernos de Madrid presididos por Esperanza Aguirre e Ignacio González, cuando pidió en un auto que se identificase a los responsables políticos de la Consejería de Empleo entre 2010 y 2014. En uno de sus últimos autos decidió expulsar a la Comunidad de Madrid como acusación particular por si en el transcurso de las investigaciones el Gobierno regional puede ser considerado “responsable subsidiario”.
