El Gobierno busca alternativas para sustituir al rey Juan Carlos en la representación de España en América Latina
El Gobierno busca alternativas al rey emérito para la representación de España en las tomas de posesión de los Gobiernos de países de América Latina. Esa labor que desempeñó fundamentalmente Felipe de Borbón desde 1996 era parte de la escasa agenda oficial del exjefe del Estado desde su abdicación. Los escándalos que rodean al anterior monarca y su delicado estado de salud han apartado a Juan Carlos I de la escena pública.
Moncloa reconoce que analizará caso por caso antes de decidir a qué autoridad del Estado envía a cada una de las investiduras en función de su importancia estratégica para España. Aunque en el Gobierno hay también quien considera que habría que buscar un perfil concreto y mantenerlo en el tiempo –como se hizo con el príncipe para buscar una conexión con un continente de especial relevancia comercial e histórica con España–. El equipo del presidente asegura de momento que “no tiene que haber una persona específica”.
Una de las opciones que barajan en Moncloa es que Felipe VI asuma esa labor de forma más asidua dado que en el Gobierno le dan relevancia a que sea una “solución duradera” que represente al Estado y no se asocie tanto con el color del partido que ocupe el poder en cada momento. “Lo que hay que hacer es realzar otras figuras, para que sea una presencia de Estado e implique a todos”, señalan fuentes gubernamentales.
En Moncloa sostienen que las tomas de posesión en Latinoamérica “no son territorio exclusivo” del rey emérito, aunque no descartan que Juan Carlos I vuelva a representar a España en alguno de esos actos. En las dos últimas ocasiones no lo ha hecho y tampoco está previsto que lo haga a corto plazo –en el horizonte están las investiduras de México y Brasil–. La fórmula de que sea el jefe del Estado quien represente a España da, además, más empaque que lo hagan otras de las figuras en las que ha recaído esa función en otras ocasiones, como miembros del Gobierno, presidentes del Congreso y el Senado o embajadores, por ejemplo.
Tras la abdicación de Juan Carlos I, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que plantearse quién realizaba esa labor protocolaria. El propio presidente la asumió en la investidura de Panamá el 1 de julio de 2014. Habían pasado tan solo doce días desde que Juan Carlos de Borbón fue relevado en sus funciones. Hasta entonces había sido el príncipe Felipe el que se había encargado de representar a España en casi todas las tomas de posesión del continente sudamericano.
Tras esa ocasión, el rey emérito asumió gran parte de la representación de España en las investiduras latinoamericanas. La primera fue en Colombia para el nombramiento de Juan Manuel Santos y, en estos años, ha viajado también por delegación del Gobierno –que es quien tiene que designar la representación a través de un decreto– a otros países, como Chile, Guatemala, República Dominicana, Uruguay, Argentina o Perú. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, viajó puntualmente a las tomas de posesión en Costa Rica (mayo de este año) y Ecuador (2017).
El Gobierno designó al exjefe del Estado representante de España para la toma de posesión de Iván Duque en Colombia, pero el nombramiento duró solo un unos minutos a pesar de que el decreto ya estaba incluido en la referencia del Consejo de Ministras del 20 de julio. Tras la publicación en algunos medios y agencias, Moncloa activó toda la maquinaria para limitar el impacto de una decisión que atribuyó a un “error”. Juan Carlos I no fue a esa investidura –le sustituyó Pastor, que también este verano viajó por el mismo motivo a Paraguay– y la decisión ni siquiera llegó a publicarse en el BOE.
El rey emérito bajo sospecha
Fue un momento especialmente crítico –se acababan de hacer públicos los audios de Corinna Sayn-Wittgenstein en los que apuntaba presuntas irregularidades cometidas por el monarca durante su reinado– y los portavoces de Moncloa no supieron explicar a qué se había debido esa equivocación. Pasado el tiempo, y después de que Juan Carlos I se borrara también de su tradicional viaje a Mallorca por motivos de salud, según la Casa Real, el Gobierno defendió que el cambio en su decisión también respondió a una “recaída en la pierna”.
Los escándalos del rey emérito y su sucesiva pérdida de popularidad en las encuestas sitúan siempre a los socialistas en una posición incómoda en la que se mueven entre sus promesas de regeneración democrática y las apelaciones a la responsabilidad de Estado en defensa de la monarquía. La negativa del PSOE a investigar en el Congreso las presuntas irregularidades el anterior monarca provocó uno de los primeros encontronazos de Sánchez con Unidos Podemos en su corto mandato.
Las revelaciones de la amante del rey emérito sobre sus cuentas en Suiza avivó el debate sobre la lista de la amnistía fiscal y obligó al presidente, Pedro Sánchez, a reconocer uno de sus primeros incumplimientos electorales: que no publicará el listado de defraudadores porque hacerlo supondría vulnerar la ley.
Sánchez también tuvo que pronunciarse sobre la monarquía en su primera rueda de prensa a raíz de los presuntos desmanes de Juan Carlos I. El presidente trató de sortear la polémica con un genérico: “Creo que tenemos una monarquía renovada y ejemplar en la figura de Felipe VI”. ¿Eso quiere decir que el reinado de su padre no lo fue? “También, también, también, también”, se apresuró a responder.
El Ejecutivo socialista sí ha marcado una cierta distancia con el rey por el envío de su examante a Arabia Saudí acompañada del embajador para hacer relaciones comerciales en nombre de España. La información la reveló eldiario.es. “Este Gobierno no lo haría”, aseguró la portavoz, Isabel Celaá.
