El Gobierno pide al TC que advierta a Mas y Forcadell de que puede suspenderles

El Gobierno ha pedido al Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que pueden ser suspendidos en sus funciones y perseguidos por desobediencia si incumplen sus mandatos.

Dos días después de que el Parlament catalán aprobara una resolución para iniciar el proceso de independencia, el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha impugnado esa moción ante el Tribunal Constitucional (TC) y ha solicitado su inmediata suspensión.

El TC ha convocado para esta tarde a las 16.30 horas el pleno que estudiará esta impugnación, aprobada por el Consejo de Ministros en reunión extraordinaria, previo dictamen favorable del Consejo de Estado.

Y, si tal y como está previsto, el TC admite a trámite y suspende la resolución secesionista, el Ejecutivo quiere que el alto tribunal notifique personalmente su providencia a Carme Forcadell y a Artur Mas, o a quien resulte elegido presidente de la Generalitat en el proceso de investidura que está en marcha en el Parlament catalán.

Además, que haga extensiva su advertencia a todos los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno catalán actuales o los que sean elegidos y que se les aperciba del posible delito de desobediencia de los mandatos judiciales en caso de incumplimiento.

Como es preceptivo, el TC tendrá que dar 20 días hábiles a la otra parte para presentar alegaciones contra su decisión, de modo que tendrán de plazo hasta prácticamente el ecuador de la campaña electoral de los comicios del 20 de diciembre.

El presidente del Gobierno ha comparecido ante la prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado el recurso para dejar claro que no consentirá que haya gobernantes que pretendan saltarse la legalidad vigente y acabar con la democracia.

A todos aquellos que son citados en el recurso les ha dicho que tienen que asumir su responsabilidad, como el Ejecutivo asume la suya. “Soy el presidente del Gobierno y no voy a aceptar que unos señores liquiden las leyes y las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos”, ha advertido.

Después de calificar la moción como “un desafío en toda la regla” a la ley, al Estado de derecho y a la democracia, Rajoy ha sido tajante al prometer que, si se sigue vulnerando la legalidad, actuará “con firmeza” y con “proporcionalidad”.

“Cuando se prescinde de la ley se renuncia a la democracia”, ha advertido Rajoy a Junts pel Sí y la CUP, y ha recalcado que defenderá “con firmeza” el respeto a la soberanía popular, la unidad de la nación y la igualdad entre todos los españoles, principios que son la “esencia de la democracia” que pretende “poner en riesgo” la resolución secesionista del Parlament.

Una resolución, ha añadido, que pretende devolver al país “a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente”.

Por eso, ha hecho hincapié en que el recurso no es sólo una reacción ante una iniciativa de un parlamento autonómico, sino que se trata “de la defensa de todo un país”.

Rajoy, a quien le gustaría que el paso que ha dado hoy fuera el último, ha reconocido que desearía que hubiera una “rectificación” por parte de los líderes políticos catalanes que han protagonizado el proceso soberanista y que están “quebrando todo”.

“Me gustaría no tener que plantear ningún recurso más ni tener que adoptar ninguna otra decisión”, ha subrayado, convencido de que, sea como sea, el desafío secesionista va a quedar “en nada”.

Preguntado por un hipotético diálogo político para desbloquear la situación, tal y como le ha pedido el líder del PSOE, Pedro Sánchez, Rajoy ha insistido en que está dispuesto a hablar “de lo que sea”, pero con unas líneas rojas: la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y el cumplimiento de la ley que obliga a todos, también a los dirigentes de la Generalitat.

“Sin respeto a la ley, cualquier poder, cualquier Gobierno pierde su legitimación”, ha insistido Rajoy.

También ha explicado que la impugnación del Gobierno está amparada por el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, que considera que la moción soberanista “vulnera” la Constitución y supone una “declarada insumisión a las instituciones”.

“No es un juicio de valor ni la opinión del Gobierno, es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado”, ha resumido Rajoy, para quien los impulsores de la resolución pretenden vulnerar la Carta Magna y su propio Estatuto de Autonomía.