El Gobierno Vasco fijará por decreto las ayudas en casos de pobreza energética

El Gobierno Vasco elabora un nuevo decreto que incluye un apartado específico para la atención a los gastos derivados de situaciones de pobreza energética, que podría afectar a más de 159.000 personas en Euskadi.

La nueva normativa, que está en fase de borrador, se aprobará a finales de este año o principios de 2017 después de que tome posesión el nuevo Ejecutivo Autónomo, según ha precisado Toña al ser preguntado por el caso de la anciana fallecida en Reus en un incendio causado por una vela, ya que Gas Natural Fenosa le había cortado el suministro eléctrico por no pagar.

El consejero vasco en funciones de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, que el citado decreto “normaliza” las ayudas que ya se dan a través del Ayudas de Emergencia Social (AES), pero incluye un apartado concreto en el que se establece como “prioridad” la atención a las necesidades básicas de suministro de agua, luz y electricidad en casos de pobreza.

En ese mismo apartado y también como “prioridad” se regula el pago de los impuestos básicos con el objetivo de que “no se produzcan desahucios” en estos casos, según ha precisado el consejero.

En la actualidad y también a través de las AES, gestionadas por los ayuntamientos con fondos del Gobierno Vasco, ya se atiende a las personas que no pueden pagar las facturas eléctricas para que no les corten el suministro.

En 2015, según ha dicho Toña, el 44 por ciento de los diez millones de euros presupuestados para las AES se destinó a este tipo de gastos.

Además, se firmó un convenio con la Cruz Roja con una partida adicional y “específica” de 400.000 euros para que esta organización atienda a los colectivos que “por las razones que fueran” quedan fuera de la órbita de los servicios sociales municipales.

El Gobierno Vasco también ha suscrito distintos acuerdos marco con las empresas suministradoras de luz, energía, gas y agua para que las personas que no puedan pagar la factura por su situación de pobreza no sufran cortes de suministro “en ningún caso”.

“Estamos en condiciones de decir que en Euskadi no debería suceder lo ocurrido en Reus, porque todos esos acuerdos y el trabajo de los servicios sociales garantizan que no suceda”, ha remarcado, aunque ha matizado que “un caso individual, no atendido por los servicios sociales, es difícilmente evitable”.

Ha afirmado también que “desconoce” qué ha fallado en Reus para que finalmente muriera la mujer, pero ha mantenido que no le corresponde opinar sobre algo que ha ocurrido fuera del País Vasco.