Gobierno Vasco reconoce que la “verificación” del desarme de ETA no se podrá completar el día 8

El secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha reconocido que el proceso de “confirmación y verificación” que el Ejecutivo autonómico pretende realizar sobre el desarme de ETA “no se podrá completar” el día 8, para cuando está prevista la entrega de los arsenales de la banda, por lo que será necesario efectuar un trabajo “posterior”.

Fernández, que ha presentado este miércoles en Vitoria el 'Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020', ha reiterado el mensaje del Gobierno vasco en torno a la conveniencia de afrontar con “discreción” el desarme de ETA, anunciado para este 8 de abril.

Por ese motivo, se ha limitado a afirmar que la “preocupación” del gabinete de Iñigo Urkullu se centra en que “las cosas vayan bien de aquí al día 8”, y ha indicado que el análisis que pueda hacer el Gobierno autonómico sobre el desarme se realizará “en su momento”.

Sobre las comprobaciones que el Ejecutivo vasco tiene previsto realizar para determinar la “credibilidad” del desarme, ha explicado que “lógicamente, habrá un proceso de confirmación y verificación” que, sin embargo, “no se podrá completar al cien por cien” el día 8, por lo que será necesario realizar “un trabajo posterior”.

SIN UNIDAD

El secretario general para la Paz y la Convivencia ha rechazado pronunciarse en torno a la falta de unidad de los partidos y agentes sociales en relación con el desarme, lo que ha llevado a la convocatoria de actos diferenciados relacionados con este asunto a lo largo de esta semana.

Fernández se ha limitado a reivindicar la “unidad” que sí se ha logrado alcanzar en Euskadi en otros asuntos, como los relacionados con la crisis de las personas refugiadas, y ha destacado que el nuevo Plan de Convivencia está orientado, precisamente, a avanzar en esa dirección.

Este documento, que guiará las políticas de paz y convivencia del Gobierno para el periodo 2017-2020, dedica un pequeño apartado al desarme de la banda. En el mismo, se subraya que el Ejecutivo está dispuesto a apoyar “la verificación y confirmación de un desarme legal, definitivo y sin contrapartidas, como paso previo a la disolución y desaparición de ETA”.

El plan, cuyas líneas generales fueron presentadas en febrero en el Parlamento, constata la disposición del Gobierno Vasco a desarrollar esta labor “en coordinación y colaboración” con los grupos parlamentarios y con los agentes institucionales, internacionales, políticos y sociales “que sea procedente”.

El texto indica que el objetivo es lograr “el desarme, disolución y desaparición definitiva” de la banda, así como favorecer “un final ordenado de la violencia”. Además, se pretende contribuir a “cerrar definitivamente una etapa relacionada con el pasado y la violencia”, para avanzar hacia “un nuevo tiempo de presente y de futuro centrado en la convivencia”.

“FINAL ORDENADO”

El 'Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020' señala que “el apoyo a la verificación y confirmación del desarme se vinculará con un final ordenado de la violencia”, tal y como viene planteando el gabinete de Iñigo Urkullu desde 2014, cuando presentó su propuesta para la entrega de los arsenales de ETA.

En otro apartado, el documento plantea la necesidad de realizar una “reflexión crítica” sobre “todo aquello que en el pasado haya supuesto una vulneración de derechos humanos, legitimación de la violencia o falta de sensibilidad hacia sus víctimas”.

El “reto principal” que se fija el Ejecutivo en este campo es lograr un consenso “lo más amplio y transversal posible” a partir de “la base de un mínimo ético”. Esta premisa inicial consistiría en “la asunción del carácter indisponible de los derechos humanos”, lo que ha de conllevar “el rechazo a su vulneración” en el pasado, el presente y el futuro.

“CLARIFICACIÓN” DEL PASADO

El documento aspira a una “clarificación del pasado” de la violencia “sin equiparaciones ni exclusiones”. En materia de víctimas, reafirma e compromiso del Gobierno Vasco con el reconocimiento y reparación de “todos” los damnificados y a fomentar su participación “en la construcción de la convivencia”.

El plan incluye algunas propuestas y reflexiones en materia de política penitenciaria. Entre ellas, se recoge la elaboración de un decreto sobre “reinserción” de presos de ETA -que ya fue anunciado por Fernández el pasado febrero-- a partir de criterios de “reeducación y resocialización”.

Asimismo, se recogen las demandas del gabinete de Iñigo Urkullu para el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi y para la transferencia de la competencia sobre centros penitenciarios a Euskadi, de acuerdo al Estatuto de Autonomía de Gernika.

“NUEVA AGENDA”

Al margen de las cuestiones referidas al terrorismo de ETA, el plan centra su mirada en otras cuestiones determinantes para lograr una “convivencia normalizada”. Fernández se ha referido a la “nueva agenda de preocupaciones” y a los “debates emergentes” relacionados con la diversidad y la solidaridad, así como a fenómenos como el de las personas refugiadas, las migraciones o la pluralidad religiosa y cultural.

El plan, según ha dicho, pretende responder, asimismo, a las “nuevas formas de exclusión e injusticia”, además de a la amenaza de la guerra o el terrorismo internacional.

Este programa incluye una previsión presupuestaria desglosada por años, de forma que para las actuaciones previstas en 2017 se reservan 4,9 millones de euros, mientras que para 2018 y 2019 se presupuestan 5,8 millones en cada una de esas anualidades, y para 2020 se estima un gasto de 5,9 millones de euros.