El Gobierno acelera el paso para la Ley de Transparencia

El Gobierno quiere acelerar la tramitación de la Ley de Transparencia y comenzar la semana que viene los contactos con los grupos políticos para negociar las mejoras del texto, que llegó al Congreso el pasado mes de septiembre y desde entonces acumula casi treinta ampliaciones del plazo de enmiendas.

En los últimos tres meses, 25 expertos han pasado por la Comisión Constitucional para dar su opinión sobre el proyecto de ley y, aunque sus miembros barajaban llamar en los próximos días a representantes de UTG, CCOO y la CEOE, fuentes parlamentarias han explicado a Efe que el Ejecutivo no cree necesarias más comparecencias y que desea entrar en materia cuanto antes.

En función de la agenda, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, podría reunirse esta semana con representantes de los grupos, para analizar algunas modificaciones en el texto, muy especialmente el encaje de la Casa del Rey en las normas sobre transparencia.

El Gobierno no ve problema en dar transparencia a aquellos gastos de la Corona que son imputables a departamentos ministeriales, como los viajes al extranjero, los gastos de seguridad o los de mantenimiento de los palacios de patrimonio nacional, aunque delimitándolo adecuadamente en términos que podrían ser bastante similares a los de los órganos constitucionales.

En pos del gran pacto que todos dicen desear en torno a esta ley, el Gobierno y la oposición deberán también ponerse de acuerdo en cómo la aplican a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, y entidades “sustancialmente” financiadas con fondos públicos.

A este respecto, el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, que asesora al Ejecutivo en esta materia, vertió un jarro de agua fría sobre algunos ponentes cuando propuso regular la transparencia de los partidos a través de una reforma de la Ley de Partidos y no de la Ley de Transparencia por problemas técnico-jurídicos.

En su comparecencia del pasado 17 de abril, Pendás hizo, no obstante, algunas recomendaciones novedosas, como la de obligar a los partidos a hacer públicas sus cuentas incluso antes de que sean aprobadas por el Tribunal de Cuentas.

El PSOE previsiblemente mantendrá sus aportaciones de incorporar de manera explícita al Gobierno al ámbito de aplicación de la ley y de fijar en el 40 por ciento el mínimo de financiación pública de las entidades privadas que se incluyen, frente al 51 por ciento que defiende el Ejecutivo.

Otra de las cuestiones en debate se refiere al organismo que deberá resolver los conflictos, ya que la mayoría de los expertos se han mostrado contrarios a que sea una oficina 'gubernamental' la garante de las obligaciones de transparencia.

El proyecto de ley prevé la creación de una Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para velar por las obligaciones de transparencia que establece la norma.

Los expertos que rechazan esa posibilidad han planteado diversas alternativas: que sea un organismo independiente del poder político (el PSOE propuso a la ONG Transparencia Internacional), una oficina dentro de la institución del Defensor del Pueblo o que su director sea elegido por el Parlamento para periodos que trasciendan una legislatura, opción esta última preferida por el PP.

Sobre la mesa hay también otros aspectos que los grupos manejarán en sus enmiendas, como el de las excepciones al derecho de acceso a la información, la regulación de los 'lobbies', el silencio administrativo positivo o negativo e incluso si la ley de transparencia y de acceso a la información pública y la ley de buen gobierno deben estar en el mismo proyecto jurídico o separadas.