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El Gobierno aprobará tres proyectos contra la corrupción antes de fin de año

El Gobierno aprobará tres proyectos contra la corrupción antes de fin de año

EFE

Madrid —

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El Gobierno aprobará antes de fin de año tres proyectos de ley que aglutinarán las más de cuarenta medidas para la regeneración democrática y contra la corrupción, anunciadas en agosto por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que ya estudió el Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre.

Así lo han indicado fuentes del Gobierno, que han explicado que los tres proyectos o anteproyectos modificarán hasta 16 leyes y versarán sobre: control económico y financiero de los partidos, estatuto de cargos públicos y medidas penales y procesales sobre corrupción.

El resumen de este paquete legislativo ha sido presentado hoy por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, a los portavoces de los grupos parlamentarios, en un encuentro en el Congreso al que no han asistido ni el PSOE, ni UPyD.

Las fuentes han asegurado que la intención del Gobierno es que los grupos puedan dar su opinión antes de la aprobación de esos tres proyectos de ley en Consejo de Ministros, manteniendo después el diálogo y el debate en el Parlamento, tal y como se ha hecho, por ejemplo, con la Ley de Transparencia, aprobada ayer en el Senado.

Para el Gobierno, es preferible dialogar ya sobre un texto articulado, en lugar de crear una subcomisión parlamentaria -como han pedido algunos grupos- porque alargaría los plazos y concretaría menos las medidas de regeneración.

De hecho, está abierto a que el Parlamento pida la opinión de expertos en la materia con comparecencias en comisión, como ocurrió también con la Ley de Transparencia.

La única línea roja que se marca el Gobierno es que los tres proyectos puedan entrar en vigor durante esta legislatura.

Sobre las medidas que afectan al Código Penal, está por decidir si se aprovechará la reforma ya en marcha, o se abordarán en una modificación posterior.

Tampoco está cerrado si esos tres paquetes legislativos deberán pasar antes el examen del Consejo de Estado o de otros órganos de asistencia legislativa, como el Consejo General del Poder Judicial, antes de su aprobación como proyectos de ley.

Las cuarenta medidas que se incluirán en esos tres proyectos dedican una atención especial al control de los gastos de los cargos públicos y de las finanzas de los partidos políticos, así como medidas penales y procesales para luchar contra la corrupción.

Por ejemplo, se crearán nuevos delitos relacionados con la financiación de partidos, recogiendo por primera vez de forma explícita el delito de financiación ilegal y se agilizarán los procedimientos judiciales en casos de corrupción.

Se regulará la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos, con una comparecencia anual obligatoria en el Parlamento.

También se pretende crear un registro de fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos, de forma que cada formación política declare qué entidades se encuentran vinculadas a ellas.

En el caso de los cargos públicos, se definirán claramente sus obligaciones y derechos, en una norma con rango legal, corrigiendo la actual dispersión normativa.

Se fiscalizará también el patrimonio de los cargos públicos, una vez que abandonen su puesto, para detectar las situaciones de enriquecimiento injustificado, y se modificará la Ley de Contratos del Sector Público para prohibir a los condenados por delitos relacionados con la corrupción contratar con la Administración.

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