El Gobierno argentino afirma que el polémico decreto sobre el blanqueo no viola la ley

El Gobierno argentino dijo hoy que el decreto que autoriza la inclusión de familiares de funcionarios públicos en su plan de blanqueo de capitales “está dentro del espíritu” de la ley que lo regula y en las atribuciones del Gobierno, después de la fuerte polémica que generó en la oposición.

“Lo que firmamos hace un día es una herramienta correcta que no viola el espíritu de la ley. Lo estamos discutiendo con cada uno de los actores. Es una discusión técnica y al final le corresponderá analizar a la Justicia sobre si es o no una modificación de la ley”, dijo en una rueda de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El régimen de blanqueo fue propuesto en mayo pasado por el Gobierno de Mauricio Macri y aprobado por el Parlamento en junio con el objetivo de recuperar al menos unos 20.000 millones de dólares no declarados.

Con esos fondos ingresados al sistema financiero, el Ejecutivo busca pagar una reforma del sistema de jubilaciones.

Asimismo, el artículo 83 de ese proyecto especifica que quedan excluidos del blanqueo los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de la gran variedad de funcionarios del Estado que quedan fuera de ese sinceramiento fiscal, una situación que fue muy comentada a la hora del debate parlamentario.

Sin embargo, el decreto firmado este miércoles agrega que esas personas “podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos mencionados (los funcionarios) hubieran asumido los respectivos cargos.”

“No consideramos que se modifique la ley por este decreto”, reiteró Peña.

“Se está planteando que aquellos que tienen bienes que son previos a la etapa en que fue funcionario su hijo o algún pariente directo, y así lo explican, quedan fuera de esa prohibición”, matizó.

En el mismo sentido, comentó que al Gobierno le parece que es “una discusión técnica” y que “es válida”.

“Creemos que lo que hemos firmado está dentro del espíritu de la ley y atribuciones del Poder Ejecutivo y dentro del espíritu de que no haya ningún margen de duda para pensar que un funcionario es beneficiado de forma directa por esta ley”, sentenció el jerarca.