El Gobierno argentino presenta pruebas contra la denuncia de Nisman

El Gobierno argentino presentó hoy ante la Justicia pruebas y antecedentes “jurídicamente relevantes” para rebatir la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta, Cristina Fernández, y varios de sus colaboradores de presunto encubrimiento de supuestos terroristas.

Según informó en un comunicado la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que en Argentina tiene a cargo la defensa del Estado, se entregó un escrito de carácter institucional al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, encabezado por el juez Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de morir.

Nisman murió de un disparo en la cabeza en su domicilio, el pasado 18 de enero, en circunstancias aún no aclaradas.

En su demanda, Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, acusa a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a varios dirigentes vinculados al oficialismo de orquestar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a cambio de intensificar relaciones comerciales.

La presentación de la PTN se anticipó ayer y “se efectivizó en el día de hoy con sus respectivos anexos documentales”, según el comunicado.

Las pruebas aportadas incluyen documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otras cosas.

Desde el Gobierno sostienen que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario”, que fundamente las acusaciones realizadas por Nisman, en palabras del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich.

Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich criticó que el fiscal argentino Gerardo Pollicita tenga la intención de hacerse cargo de la instrucción de la denuncia y atribuyó una posible petición de imputación a Cristina Fernández a una estrategia de “golpismo judicial activo” para desestabilizar al Gobierno.

“Los requerimientos de carácter judicial no persiguen una finalidad de carácter judicial, sino una finalidad de carácter político, para generar impacto político; no tienen ningún tipo de validez jurídica; no existe prueba indiciaria de eventual culpabilidad”, agregó.