El Gobierno argentino remite a un tribunal la preocupación de la ONU en un caso de aborto

El Gobierno de Argentina realizó una presentación ante un tribunal provincial en la que recoge la preocupación planteada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU ante el caso de una mujer condenada a prisión por un aborto, informaron hoy fuentes oficiales.

La presentación fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Argentina ante el Supremo Tribunal de Justicia de la norteña provincia de Tucumán.

En la presentación, se recuerda que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló recientemente las “irregularidades” cometidas en el proceso de detención de Belén, una joven de Tucumán, y la “falta de atención al protocolo de aborto no punible”, entre otras cuestiones.

Belén permanece presa desde hace dos años y fue condenada a ocho años de cárcel por la muerte de su hijo.

La condena fue apelada y ahora el caso está en manos de la Corte Suprema provincial.

La mujer fue detenida luego de que llegara a un hospital público de Tucumán tras un aborto que, según su defensa, fue espontáneo.

La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina dijo hoy en un comunicado que “respeta la independencia del poder judicial provincial”, pero “acompaña las inquietudes planteadas” por el Comité de Derechos Humanos de la ONU “en virtud del cumplimiento de pactos internacionales en la materia”.

Además, informó que funcionarios de esa secretaría fueron a visitar a Belén en su lugar de detención, aunque no pudieron tomar contacto con ella y por ese motivo repetirán su visita este viernes.

La semana pasada, organizaciones humanitarias, entre las que está Amnistía Internacional (AI), se presentaron ante la Corte de Tucumán como “amicus curiae” (“amigo del tribunal”) para poder presentar argumentos legales para que se revierta la condena de Belén.

En igual línea, el Consejo de la Mujer, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, también se presentó como “amicus curiae” ante el tribunal.

En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo es considerada un delito dentro del Código Penal.

No obstante, la legislación contempla la figura del “aborto no punible” cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o en los casos en los que el embarazo es producto de una violación.