El Gobierno convoca a los ayuntamientos el martes para presentarles el texto definitivo de la reforma local

El anuncio lo ha hecho el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, en un acto de los socialistas precisamente sobre este proyecto de ley. Zarrías ha vuelto a rechazar la iniciativa y augurado que la convocatoria de la CNAL servirá únicamente para que el Gobierno les diga a los ayuntamientos: “Esto es lo que hay”.

La cita del martes llega después de varias semanas de retraso por diversos motivos, entre otros, de agenda. Una vez que la comisión vea la iniciativa, el Gobierno la enviará al Consejo de Estado para que la analice, después será aprobada por el Consejo de Ministros y remitida a las Cortes.

Además de revisar la reforma local, Hacienda presentará a la CNAL el proyecto de Ley de Unidad de Mercado, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

MESES DE TRABAJO

Hacienda y Administraciones llevó al Consejo de Ministros un primer borrador de esta reforma en julio del año pasado y un segundo texto, el pasado 15 de febrero. A partir de esta fecha, comunidades autónomas, federaciones municipales, instituciones y otros organismos afectados por esta propuesta presentaron alegaciones, que el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha estudiado. El texto definitivo es el que se presentará en la CNAL el martes.

El proyecto comenzó contando con la colaboración de todas las partes, pero ha ido perdiendo apoyo con el paso de los meses incluso dentro de las filas del PP. La intención del Gobierno es clarificar las competencias municipales, pero la forma ha suscitado la polémica y las quejas. Las alegaciones por ejemplo de la FEMP supondrían importantes cambios en la propuesta y está por ver en qué grado las ha aceptado Hacienda.

Según el texto presentado en febrero, Hacienda ha diseñado un sistema para calcular el coste que deben tener los servicios públicos municipales y los ayuntamientos deberán atenerse a este indicador. Los que no lo cumplan, perderán la competencia, que pasará a ser prestada por la diputación, y los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes podrán ser intervenidos. Las diputaciones salen reforzadas y se convierten en las supervisoras y prestadoras principales de los servicios municipales.

Por otro lado, y entre otros muchos aspectos previstos en el borrador inicial, los ayuntamientos deberán transferir a las comunidades autónomas los servicios de educación y sanidad que prestan, pero también el dinero que invierten en ello. Y si las autonomías quieren traspasarles alguna competencia, deberá producirse obligatoriamente el pago por ello.

Aunque inicialmente se limitaba además el número de concejales y los sueldos, el proyecto se ha ido suavizando con los meses ante la oposición de los ayuntamientos de todos los colores. Habrá que ver hasta dónde llega la limitación que finalmente incluye el Gobierno.