El Gobierno boliviano critica el fallo judicial que favorece a Belaunde Lossio

El Gobierno de Bolivia criticó hoy al tribunal que anuló las resoluciones de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) que rechazaron la petición de refugio del peruano Martin Belaunde, exasesor del presidente Ollanta Humala.

El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Hugo Moldiz, declaró a los medios que siente “indignación” frente a lo resuelto el viernes por dos jueces de La Paz, que fallaron a favor de Belaunde.

“Indignación frente a lo que han hecho dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia al meterse donde no están convocados, que es a ver la institución del refugio. La resolución que han tomado es un atentado contra todas las normas vigentes”, dijo Moldiz, citado hoy en la edición digital de “El Deber”.

Agregó que a raíz de este fallo todos los trámites vuelven al punto de inicio, “pese a que existen los suficientes elementos que hacen ver que este señor no es ningún perseguido político y no merece tener refugio”.

En los hechos, según la defensa de Belaunde, la decisión judicial obstaculiza la posibilidad de su extradición o de su expulsión.

Moldiz dijo que Belaunde estará detenido hasta el 21 de mayo y “después nuevamente se verá qué sucede con su situación jurídica”.

Además, anunció que se analizan acciones contra los dos vocales de la Corte de La Paz que fallaron a favor del peruano.

Belaunde Lossio, quien fue asesor de Humala en la campaña electoral de 2006 y permanece bajo arresto domiciliario en La Paz, está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.

El empresario solicitó refugio en Bolivia, pero la Conare rechazó dos veces esta petición con el argumento de que no probó ser un perseguido político.

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia amplió el plazo de detención preventiva del exasesor de Humala hasta el 21 de mayo, mientras el Gobierno peruano tramita dos cuadernos de extradición por los delitos de apropiación indebida de fondos públicos, asociación ilícita y lavado de activos.