El Gobierno eleva a “golpe de Estado” el referéndum catalán para justificar una respuesta drástica
El Gobierno de Mariano Rajoy ha elevado varios enteros sus declaraciones sobre el proceso independentista catalán ante la posibilidad de tener que adoptar medidas drásticas. Durante toda la semana, varios ministros han calificado de “golpe de Estado” el borrador de la ley de Transitoriedad Jurídica, que prevé declarar la independencia de Cataluña si el Ejecutivo impide que se celebre el referéndum secesionista. Especialmente dura ha estado la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que no rechazó la utilización de las fuerzas armadas “si las amenazas se convierten en hechos”.
En Moncloa se tiene claro que no se va a permitir el coste político ni la pérdida de imagen internacional con la reedición de una consulta sin validez jurídica como la pasada del 9-N. “Mal presidente sería yo si permitiera eso. Tenga la absoluta y total certeza de que no lo voy a permitir. Espero que un poco de sentido común llegue a algunos sitios de donde nunca debió haber salido”, avisó Rajoy.
Ante las preguntas de los periodistas a su llegada a su llegada a la cumbre de la OTAN en Bruselas sobre si el Gobierno estaría dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución, el presidente del Gobierno no rechazó la posibilidad de su aplicación aunque ha dicho “no querer adelantar acontecimientos ni anunciar problemas” para, a la vez, asegurar que se hará lo necesario para “garantizar que nadie dañará la unidad de España”.
El artículo 155 de la Carta Magna da la potestad al Gobierno central a “adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
La advertencia velada de Rajoy llega tras responder este jueves a la misiva del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, en menos de 24 horas, asegurando que “no cabe plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la Ley”. Rajoy no duda en tachar de “grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional” el plan secesionista de Puigdemont.
La respuesta del jefe del Ejecutivo llega en una semana en la que varios ministros se han mostrado muy duros con el proceso catalán. El ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, definió como “un verdadero golpe de Estado” el borrador independentista.
Más polémicas han sido las declaraciones de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. A pesar de las connotaciones que tiene su cartera en una entrevista en el programa de Carlos Alsina, apuntó que “el Estado tiene fuerza suficiente para impedir lo que es una amenaza contra el Estado” y añadió que “si estuviéramos hablando de militares estaríamos hablando de golpe de Estado” en referencia al proceso catalán.
Cospedal llegó a dejar caer ante la pregunta de si utilizarían a las Fuerzas Armadas para defender la unidad del Estado que “si las amenazas se convierten en hechos el Gobierno tendrá que utilizar los instrumentos que le da el Estado de Derecho. El Estado español tiene muchos instrumentos a su alcance, aquí hay que ir paso por paso y no se pueden precipitar acontecimientos y contestaciones que seguramente es lo que quieren oír aquellos que están amenazando y chantajeando al Estado. Pero, que duda cabe, el Gobierno tiene muchos instrumentos jurídicos y de otro tipo a su alcance”.
“El Gobierno hará lo que tenga que hacer”
Este jueves durante una entrevista en Herrera en Cope, Cospedal insistió en que “el Gobierno hará todo lo que tenga que hacer” para evitar el “chantaje” de los independentistas. “Estamos dispuestos a impedir que se puedan llegar a poner urnas porque ya se sabe, y se está comprobando, que aquellos que colaboren en esa actuación van a tener consecuencias penales porque todo el mundo tiene que cumplir ley”, concluyó Cospedal.
El lenguaje bélico ha estado presente en las declaraciones de dirigentes del Partido Popular. La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, señaló que “el nacionalismo es la frontera más cruel que puede imponerse en el siglo XXI, que vive del fracaso del pasado, solo busca derrotas, enemigos, víctimas y crear culpables”.
Frente a las delcaraciones más altisonantes, el Gobierno insiste en mantener el diálogo con los responsables de la Generalitat e insisten en la invitación para que Puigdemont vaya al Congreso para debatir y defender su proyecto independentistas, una propuesta que el político catalán ya ha rechazado. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, recordó que que para defender la soberanía nacional “no hay nada mejor que acudir al Parlamento donde reside esa soberanía y someter a debate su proyecto”.
