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El Gobierno admite que usará medidas coercitivas para impedir el referéndum catalán

Inés Arrimadas saluda a Soraya Sáenz de Santamaría durante su encuentro en el Congreso / @InesArrimadas

Luz Sanchis

Inés Arrimadas se ha reunido esta tarde en el Congreso durante más de una hora con la vicepresidenta del Gobierno y Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado de Administraciones Territoriales. La primera ha repetido en seis ocasiones durante su rueda de prensa que venía a Madrid en calidad de “jefa de la oposición en Cataluña” y ha resumido la cita como una forma de interesarse por los intereses de los catalanes en vista de que Carles Puigdemont no acudió a la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero.

Aunque Arrimadas ha evitado entrar en qué medidas tomará el Gobierno para impedir una nueva consulta, Bermúdez de Castro no ha desmentido lo que otras fuentes del Gobierno de Rajoy han difundido unas horas antes. Es decir, que se impedirá por todos los medios la colocación de urnas y que puede llegarse al extremo de precintar los colegios.

Ante el enconamiento del conflicto, Xavier Doménech daba esta mañana por muerta la llamada “operación diálogo”. En Comú Podem ha registrado junto a sus socios una iniciativa para crear una comisión en el Congreso destinada a abordar las crisis territoriales.

Respuesta “a cada paso que dé la Generalitat”

Tanto Arrimadas como Bermúdez de Castro han trasladado que no hay un “plan” propiamente dicho trazado con anterioridad y que el Gobierno responderá a “cada paso” que dé la Generalitat contra la ley. En estos “pasos” es donde entran las medidas “coercitivas” que otras fuentes del Ejecutivo sí han confirmado como posibles para evitar que se obligue a los funcionarios a colaborar.

“El referéndum no se va a celebrar. La Constitución garantiza la ley y vamos a obligar a todos a que la cumplan. A cada paso que se dé, el Gobierno dará otro para cumplir la legalidad vigente”, ha zanjado el secretario, que también ha destacado que algunos dirigentes catalanes “han unido su forma de vida al procés y no quieren decir que está agotado”.

“No podemos decir qué vamos a hacer porque no sabemos qué van a hacer ellos, pero siempre será muy proporcional”, ha respondido ante las numerosas preguntas sobre cuáles serán esas medidas “coercitivas” y “agresivas” a las que se han referido otros miembros de Moncloa.

Lo que sí ha explicado es que el documento de las peticiones remitidas por el Govern de la Generalitat está muy estudiado por el Gobierno central aunque no han percibido interés en cataluña por la respuesta. “Llevo en el Gobierno dos meses y nos hemos dedicado a intentar buscar soluciones a las reivindicaciones. La Generalitat ha preguntado cero veces. Les importa muy poco”.

Aunque la llamada “operación diálogo” continúa por parte del Ejecutivo, la percepción es que en Cataluña “han llegado a semejante deriva que están intentado reventar la relación en su último camino”, en palabras del número dos del ministerio.

“Venimos con humildad y propuestas sensatas. No pedimos ilegalidades”

Arrimadas ha calificado a Puigdemont de “irresponsable” por dejar vacía su silla en la reunión de presidentes autonómicos y, según sus palabras, ha viajado a Madrid “para que el Gobierno de España tenga la visión de los líderes de la oposición catalana”.

Así, sus reivindicaciones se han centrado en reclamar un mejor sistema de financiación y de infraestructuras: “La financiación fue una de las exigencias de Ciudadanos y es el punto 123 del acuerdo de investidura. Nos alegramos de que esté ya encima de la mesa, pero abrir el debate no puede traer de nuevo una lucha territorial sino como una garantía de los servicios básicos. No puede ser que Cataluña no estuviera cuando se habló de eso”.

En materia de infraestructuras, la dirigente de Ciudadanos ha exigido mejores conexiones y movilidad para los catalanes y ha hecho hincapié en la importancia del corredor Mediterráneo y de la modernización de la red de Cercanías.

“No vengo a pedir ni independencias, ni ilegalidades ni un Brexit para Cataluña. Sabemos que estas mejoras son buenas para el conjunto de España, no solo para Cataluña. Los catalanes no tenemos la culpa de los planes irreales e ilegales, venimos con humildad, propuestas sensatas y ganas de colaborar”.

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