El Gobierno da su conformidad a debatir el pacto antiyihadista antes incluso de que se lo envíe la Mesa del Congreso

Toda proposición de ley que registran los grupos parlamentarios requiere, para poder debatirla en el Pleno del Congreso, que el Gobierno comunique a la Cámara que da su conformidad al entender que no implica aumento de gasto ni disminución de ingresos presupuestarios. Para ese trámite, el Gobierno dispone de un plazo de treinta días desde que recibe el texto de la iniciativa que le envía la Mesa del Congreso al admitirla.

La proposición de ley de reforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo fue registrada este martes poco antes de las once de la mañana, aunque la Mesa del Congreso no la calificará hasta el día siguiente, miércoles, que es cuando tiene programada su siguiente reunión ordinaria.

A LAS DOS HORAS DE REGISTRARSE

Pero el Gobierno se ha adelantado y, apenas dos horas y media después de registrarse la iniciativa, y un día antes de que la Mesa del Congreso ordene su publicación y remita el texto a Moncloa, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ya ha comunicado a la Cámara que da su conformidad para debatir la proposición de ley del pacto antiyihadista, según consta en el Registro de la Cámara, a cuyas entradas ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, la Mesa del Congreso calificará este miércoles tanto la iniciativa como el visto bueno del Gobierno, y todo ello para que la Junta de Portavoces, que se reunirá a continuación, pueda incluir el debate de toma en consideración de la proposición de ley en la sesión plenaria del próximo martes, día 10.

Y es que, según consta en otro escrito registrado este martes por la mañana, el PP y el PSOE han pedido que su proposición de ley sea tramitada con la máxima celeridad. En concreto, han solicitado que se trate por el procedimiento de urgencia, lo que implica acortar a la mitad todos los plazos, y que se debata por vía directa y en lectura única, es decir, en una sola sesión plenaria.

COMO LA JUSTICIA UNIVERSAL

El objetivo es que, si el día 10 se celebra el primer debate de la proposición de ley, se abra entonces un breve plazo de presentación de enmiendas para que la semana siguiente, en la sesión plenaria del día 19, se pueda debatir al mismo tiempo las enmiendas de totalidad (de texto alternativo), las parciales y el conjunto de la ley para aprobarla ese mis día y remitirla de inmediato al Senado.

Se trata de un procedimiento similar al que utilizó el PP para reformar el principio de la Justicia Universal: una proposición de ley --vía que no requiere informes de los órganos consultivos (Consejo del Poder Judicial y Consejo de Estado)-- a la que el Gobierno da su conformidad sin agotar su plazo de 30 días y que se aprueba en la Cámara en apenas dos sesiones plenarias en el plazo de un mes.

La urgencia en la tramitación se debe a que el Gobierno quiere acompasar esta proposición de ley al resto de la reforma del Código Penal que ya está en el Senado y que se tiene que aprobar en próximas semanas. La intención es que ambas partes del Código Penal se publiquen al mismo tiempo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entren en vigor a la vez.