El Gobierno defiende que su reforma de la justicia universal sigue la estela de la que hizo el PSOE en 2009

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta eludió contestar a la pregunta que le formularon sobre si consideraba que las relaciones diplomáticas con China -motivo que ha precipitado esta segunda reforma-- valían tanto como para dar carpetazo a casos como la investigación de la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak o el asesinato en 1989 de cinco jesuitas españoles en la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador.

Saénz de Santamaría se ha limitado a señalar que la reforma propuesta por los 'populares' “se enmarca en el tratamiento y los convenios y tratados internacionales ratificados por España en vigor en otros países”. “Y lo que establece -ha añadido-- es un conjunto de elementos para poder determinar el punto de conexión de la justicia española en línea de los convenios ratificados por España”.

La proposición de ley presentada recientemente por el PP busca reformar de nuevo la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Con los cambios propuestos, los criminalmente responsables deberán ser españoles o extranjeros nacionalizados tras la comisión de los hechos supuestamente delictivos. Se propone además que la reforma se aplique a las causas actualmente en trámite en la Audiencia Nacional.

De este modo, tras su previsible aprobación estarán abocadas al archivo diferentes causas que se están tramitando actualmente en los juzgados centrales de Instrucción, entre ellas la que mantiene abierta el juez Ismael Moreno por el genocidio tibetano contra la cúpula del Gobierno chino, ien la que están imputados los expresidentes Jiang Zemin y Hu Jintao y el exprimer ministro Li Peng, lo que ha provocado un fuerte malestar en China, tenedor de un 17 por ciento de la deuda española.