La insistencia del Gobierno de “reforzar” la protección de las víctimas genera incredulidad en los fiscales
El encargo de un estudio por parte del Gobierno a sus servicios jurídicos para que analicen la posibilidad de que el Estado se persone en defensa de las víctimas de violencia sexual ha puesto en pie de guerra a los fiscales. La idea, que surgió en el Consejo de Ministras en plena polémica por la puesta en libertad provisional a los condenados de 'la manada', ha provocado una inusual reacción por parte de la Fiscalía General del Estado a anuncios del Ejecutivo. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que no es incompatible su propuesta con la labor del Ministerio Público.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunció tras la reunión del Consejo de Ministras del viernes que habían procedido a solicitar a los servicios jurídicos que estudiaran la fórmula para que el Estado se “persone como parte en defensa de las víctimas” de delitos sexuales. Lo justificó en la especial relevancia de los “gravísimos hechos condenatorios” de los cinco miembros de 'la manada' que disfrutan ya de la libertad provisional.
Los fiscales no tardaron en cuestionar la posición del Ejecutivo. La Unión Progresista de Fiscales fue de las primeras en reivindicar la función del Ministerio Público y también el sector conservador cuestiona la posición del Gobierno.
La fiscala Sofía Puente escribió un duro artículo en El País en el que explicaba que ya existe una colaboración con la Abogacía del Estado mantenemos en los “supuestos en los que es el Estado el perjudicado por el delito (por ejemplo, delitos fiscales)” tal y como establece la ley: “No entendemos qué plus de utilidad o de mejora tendría su presencia en el proceso penal en materia de delitos sexuales cuando existe ya una parte especializada en materia de protección de víctimas y en materia de derecho penal. Esa parte es el Ministerio Fiscal”, recordaba.
El revuelo ha llegado hasta la Fiscalía General del Estado, que a la espera de la toma de posesión de María José Segarra, ha emitido una nota en la que recuerda al Gobierno que ese organismo ya se encargada de la “defensa y tutela” de las víctimas.
El enfado ha “sorprendido” al Gobierno, según las fuentes consultadas por eldiario.es, que defienden la decisión del Consejo de Ministras de “estudiar cuáles son los instrumentos para tratar de mejorar la misión del Estado de defensa y protección” en este caso de las mujeres “a través de los servicios jurídicos”.
Justicia estudia opciones: ¿Personación, asesoramiento?
“La Fiscalía va a seguir haciendo su función con total autonomía, pero eso no quita para que el Gobierno estudie los instrumentos en su mano para mejorar la defensa de la mujer”, señalan desde el Ministerio de Justicia, donde subrayan, no obstante, que por el momento solo se ha encargado un informe a los técnicos sobre las distintas opciones.
Una de esas opciones es la personación en las causas, que comparan con las acusaciones populares que ejercen, por ejemplo, gobiernos autonómicos en los casos de asesinatos machistas o el Ayuntamiento de Pamplona en el caso de 'la manada', que ocurrió en los sanfermines de 2016. En Justicia sostienen que habría que analizar esa opción y si comporta cambios legales en la actual regulación de la Abogacía del Estado.
Otra de las opciones que barajan esas fuentes es que los servicios jurídicos públicos realicen “asesoramiento personal sin llegar a personarse”, según las mismas fuentes, que explican que la Fiscalía seguiría en ese caso haciendo su función de acusación sin que ello sea óbice de “buscar otros espacios de defensa de la víctima”.
“Cuando hay bienes jurídicos lesionados tan importantes como en los casos de agresiones sexuales es muy positivo que además se persone el servicio jurídico del Estado para que pueda ser parte en el proceso, seguir el curso del mismo y presentar recursos. En muchos otros procedimientos penales se persona la Abogacía del Estado”, señalan desde el gabinete de Sánchez. “No duplica, refuerza la protección”, agregan.
El Gobierno endurece su posición inicial
Sin embargo, desde la Fiscalía han insistido que ya ejercen la “defensa integral” de las víctimas, tal y como les faculta y obliga la Constitución y su propio Estatuto. Fuentes consultadas por eldiario.es ven en el anuncio del Gobierno una forma de salir al paso de la polémica por la puesta en libertad provisional de los miembros de 'la manada'.
La primera reacción del Gobierno fue el silencio como forma de expresar su respeto a las decisiones judiciales. Fue la primera respuesta a la primera pregunta de eldiario.es tras conocerse la decisión de la Audiencia de Navarra el pasado jueves. Pero la versión varió pasados unos minutos y en plena ebullición de las protestas en las redes sociales y la convocatoria de manifestaciones por toda España para el día siguiente.
Mientras que desde presidencia del Gobierno enmarcaban dentro de la “normalidad judicial” la puesta en libertad de los condenados, desde la vicepresidencia de Carmen Calvo, que aglutina las competencias de Igualdad, se aseguraba no pretender “interferir” en las procesos judiciales, pero recordaba que los hechos condenatorios “son gravísimos”. “Este Gobierno no descansará en su esfuerzo por conseguir la igualdad y la seguridad de las mujeres, en su lucha por sus derechos y libertades”, aseguraban las fuentes oficiales de vicepresidencia. Al día siguiente, el Consejo de Ministras decidía estudiar la personación en causas similares a las de 'la manada' que ha causado estupor entre los fiscales y juristas.
