El Gobierno en funciones se ratifica en que no puede ser sometido a control

El Gobierno se ha ratificado en su criterio de que no puede ser sometido a control parlamentario mientras esté en funciones en un escrito de respuesta al requerimiento que el Congreso tramitó hace un mes para tratar de evitar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Esta respuesta es un trámite previo obligatorio establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) como último paso antes de la interposición de un conflicto de atribución de competencias para la que el presidente de la Cámara, Patxi López, fue autorizado por el pleno el pasado 6 de abril.

En su escrito, presentado esta tarde en el Registro del Congreso, el Ejecutivo reitera que al no existir una relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Parlamento, no cabe que sea sometido a control.

La confianza se otorga, según recuerda el Ejecutivo, mediante la investidura por parte del Congreso de un presidente del Gobierno, algo que no ha ocurrido en la XI Legislatura, en la que el Gobierno ha permanecido en funciones.

“Como consecuencia del otorgamiento de dicha confianza y sólo cuando ésta existe, el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados mediante los mecanismos de control establecidos en el propio texto constitucional y desarrollados por el Reglamento de la Cámara”, remarca el escrito.

Además, recuerda que el presidente del Gobierno y todos los ministros del Gabinete fueron cesados al día siguiente de las elecciones generales del 20 de diciembre y por tanto “a partir de ese momento” todos ellos pasaron a estar en funciones, lo que les impide “adoptar decisiones de orientación política”.

También argumenta que en esta XI Legislatura, el Congreso “ha iniciado la actividad de control al Gobierno en funciones antes de otorgar la confianza a un nuevo Gobierno”.

“El Congreso de los Diputados ha planteado el establecimiento de un control ordinario en una situación extraordinaria”, afirma el Ejecutivo, que añade que “no sólo ha tramitado iniciativas de control político al Gobierno cesado” sino que incluso llegó a incluir en el orden del día del pleno una sesión de preguntas orales dirigidas a los ministros cesados.

Recalca en esta línea que la Cámara actuó así “a pesar” de que el Ejecutivo en funciones no tenía su confianza ni tampoco “capacidad de orientación política en sus actuaciones y para adoptar medidas”.

En suma, el Gabinete dirigido por Mariano Rajoy rechaza el requerimiento del Congreso “por estimar que está actuando en el ejercicio constitucional de sus atribuciones y se ratifica en su criterio de que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre éste y el Congreso de los Diputados”.

Cumplido este trámite, la Cámara Baja dispone ahora de un mes para interponer su recurso ante el TC, de acuerdo a la decisión que el 6 de abril adoptó el pleno por 218 votos a favor, 113 en contra y cuatro abstenciones, a partir de una iniciativa presentada de forma conjunta por todos los grupos salvo el popular.