El Gobierno garantiza que cumplirá el déficit y que lo exigirá a las Comunidades Autonómas

El Gobierno está convencido de que con su política de austeridad, la subida impositiva y las reformas se cumplirá este año el objetivo de déficit comprometido con Bruselas (6,3 por ciento del PIB) y garantiza que exigirá a las comunidades autónomas que cumplan también sus planes para rebajarlo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dejado constancia de este compromiso en un documento titulado “Las reformas del Gobierno de España. Determinación frente a la crisis” que ha colgado hoy en su página web y que fue distribuido la semana pasada a los medios de comunicación alemanes con motivo de la visita a Madrid de la canciller, Angela Merkel.

En el informe, el Gobierno subraya que el saneamiento de las cuentas públicas se ha convertido en un objetivo prioritario de su política económica e insiste en que su estabilidad parlamentaria supone una “garantía adicional” para adoptar las medidas necesarias frente a la crisis.

Reconoce que después de aprobar los presupuestos de 2012 y de dar luz verde a los planes de ajuste de las comunidades y de los entes locales, la “fuerte recesión de la economía” provocó la desviación de los datos de ejecución presupuestaria en los últimos meses y tuvo que tomar medidas adicionales en verano, como la subida del IVA y la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios.

Según manifiesta, con estas nuevas iniciativas está previsto cumplir con el objetivo de déficit acordado para 2012, ya que se espera unos ingresos adicionales de 5.000 millones de euros gracias a la subida de impuestos y un ahorro de 8.000 millones por la parte de los gastos.

Además, ratifica que exigirá a las comunidades autónomas el cumplimiento de sus planes económico-financieros para que no sobrepasen su límite de déficit (1,5 por ciento del PIB este año).

Lo hará, según explica, con un “seguimiento más fuerte” en el marco de la Ley de estabilidad presupuestaria y con ayuda del fondo de liquidez, ya que recibir recursos del mismo conllevará el cumplimiento de determinadas condiciones financieras y fiscales.

En el documento se repasa la situación económica del país, las medidas de ajuste presupuestario adoptadas, la reestructuración bancaria y las reformas proyectadas.

En ese apartado se incluye, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones, que supondrá regular el “factor de sostenibilidad para mantener la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones” y establecer medidas en el ámbito de la jubilación parcial y anticipada para acercar la edad real de jubilación a la edad legal.

También se compromete el Gobierno a “avanzar en el proceso de reforma de la estructura tributaria” para ajustarla a la UE, reducir la imposición sobre el trabajo y aprobar la ley de reforma energética “en fechas próximas”.

En las conclusiones, ratifica su “firme y decidido compromiso” con los objetivos de estabilidad presupuestaria de la UE y su “vocación y su clara voluntad reformista” y asegura que seguirá adoptando “las decisiones internas que sean necesarias” para hacer frente a la crisis.

Pero recuerda también que la financiación de la economía española a unos intereses estables y asumibles está vinculada a la estabilidad del euro y al funcionamiento correcto de la Unión monetaria y pide a la UE “la misma determinación” para avanzar hacia la integración bancaria y fiscal y para recuperar los principios de “estabilidad, crecimiento, solidaridad y cohesión”.