El Gobierno reduce una condena judicial al presidente de la UD Las Palmas para que evite la cárcel
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 31 de octubre, un total de 23 indultos, publicados en el BOE de hoy. Entre todas estas medidas de gracia se encuentra la que fue concedida a Miguel Ángel Ramirez Alonso, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. El Gobierno ha conmutado su pena de tres años y un día por otra de dos años para que, si el juez así lo considera, el presidente del club canario evite la cárcel.
Ramirez fue condenado en julio de 2011, tras presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, por un delito contra la ordenación del territorio. Los dos tribunales que estudiaron su caso estimaron como probado que, a través de una empresa de la que era administrador único, realizó una serie de construcciones sin licencia en una zona que, además, había sido declarada de especial protección medioambiental.
En concreto, el presidente del club canario fue condenado por realizar, sin tener en cuenta el valor medioambiental del terreno, un estanque, dos aparcamientos, caminos, edificaciones nuevas y vallas. El juez considero que estas modificaciones supusieron un grave daño al medio ambiente.
Además de la pena de prisión, ahora indultada por otra menor, fue condenado a inhabilitación en trabajos vinculados a la construcción durante tres años y un día y a pagar una multa, además de a hacerse cargo de la demolición de las obras ilegales. El Real Decreto le indulta a condición de que proceda a la demolición, aunque ese supuesto ya estaba claro en la condena.
Entre los 23 indultados publicados hoy también se encuentra Sara Bermudo, propietaria del Bar Coyote de Dos Hermanas (Sevilla), condenada a cuatro años por las graves molestias que ocasionaron a los vecinos los ruidos del local; Miguel García y María Eugenia Morales, condenados por el robo de tarjetas de crédito en un hotel en el que trabajaba él; Laila Idrissi, condenada por delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros; Clemente Peláez, hermano de una mujer a cuya boda acudió como testigo la infanta Elena; y Pedro José Soriano, un abogado que estafó a un padre y un hijo que le contrataron para gestionar los trámites referentes al fallecimiento de su esposa y madre.
