El Gobierno crea un fondo de 300 millones para que los ayuntamientos paguen sentencias firmes

La medida se va a aprobar mediante una enmienda del PP en el Senado al proyecto de ley de reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas, que se debate esta semana en la Cámara Alta.

Esos 300 millones de euros se suman a otros 113 millones de euros ya repartidos por el Gobierno. Según la enmienda que introducirá el PP, las necesidades financieras para pagar sentencias se incluirán en el Fondo de Financiación a Entidades Locales en los términos que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y, en su caso, deberán recogerse en los planes de ajuste que acompañen a las solicitudes de adhesión.

Además, el PP aprobará otra enmienda a la misma ley de financiación autonómica (LOFCA) para compensar la financiación de los municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes por la población que atienden pero que no está empadronada.

La norma fue aprobada en el Congreso con el único voto a favor del PP. El proyecto incluye entre otras cosas un nuevo mecanismo de sostenibilidad del gasto sanitario con limitaciones: el Gobierno penalizará a las comunidades cuyo gasto farmacéutico crezca por encima del PIB nacional.

Será de adhesión voluntaria para los gobiernos regionales, pero las autonomías que superen los límites impuestos no podrán prestar servicios distintos de los de la cartera común del Sistema Nacional de Salud, lo que se llama cartera de servicios complementarios, entre otras restricciones.

En general, los grupos exigieron en el Congreso una nueva financiación autonómica en lugar de este tipo de fondos, que muchos de ellos consideran parches y un mecanismo de controlar las comunidades autónomas.