Gobierno murciano reivindica el derecho de la comunidad de quejarse “a gritos” por el sistema de financiación

Bernal, que ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Onda Regional recogida por Europa Press, ha advertido, sobre este asunto, que “no hay ninguna comunidad contenta” con el actual sistema, y “cada una tiene unos motivos de queja por unas razones o por otras”.

Sin embargo, ha expuesto, “sí tengo la ilusión, porque cuando se está en política se está con la ilusión de corregir aquellas cosas que se quieren cambiar”.

Y es que, ha defendido, “uno de los objetivos más importantes que tiene la Región de cara a la construcción de su futuro es conseguir que este sistema de financiación se cambie y ahora llega el momento de cambiarlo y parece que el 1 de enero de 2014 tendría que entrar en vigor este nuevo sistema, no se ha hecho, pero hay un debate muy intenso e importante en el que nosotros vamos a defender, con uñas y dientes, los derechos que nos corresponden, ya que ha llegado el momento de no admitir nuevamente una situación injusta que nos perjudica”.

“Si nosotros tuviéramos esos 250 millones que nos faltan la situación sería distinta, mucho más holgada, menos angustiada”, ha dicho Bernal, quien considera que “no se habla de un capricho, sino que esto nos afecta a la prestación de nuestros servicios e impulso de la economía”.

El Gobierno central, según ha explicado, “ha anunciado cómo se va a desarrollar, y los estudios y trabajos técnicos se harán en el primer semestre y la negociación será en el segundo semestre de 2014”. “Si ese el calendario perfecto, pero 2014 era el primer año en que tendría que haber entrado y se debe contemplar efecto reatroactivo o mecanismos de compensación para 2014”.

“CABE LA NEGOCIACIÓN” CON LA ANTIGUA CONCESIONARIA

También ha hablado del aeropuerto de Corvera y ha comentado que “claro que cabe la negociación” con la antigua concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, Aeromur, pero ha indicado que, para ello, tiene que haber “una serie de garantías” y “quien no cumplió, ahora esté dispuesto a cumplir”.

En concreto, para que haya una negociación, ha indicado que “tiene que haber una declaración pendiente de que el aeropuerto se va a poner en marcha; así como una declaración evidente de que las autorizaciones se van a obtener en un tiempo determinado y concreto; y tiene que haber una declaración sobre unas garantías que se tenían que aportar y que no se aportaron”.

Bernal ha explicado que si hay un “cambio” sobre esta base, “desde luego, claro que cabe la negociación” porque, ha aclarado, el Gobierno regional “no quiere otra cosa que se abra el aeropuerto cuanto antes”.

De todas formas, para abrir el aeropuerto, ha señalado que hace falta que “alguien se lo tome muy en serio, y si no se lo toma suficientemente en serio, el Gobierno regional tiene que buscar a otro operario, que es el camino en el que estamos mientras no se demuestre lo contrario”.

Con todo, Bernal ha reconocido que él tiene “muchas dudas” de que se dé esa “situación clara de cumplimiento” por parte de la antigua concesionaria.

Y es que el vicepresidente ha recordado que “una vez concedidos los tiempos razonables que se han concedido y al comprobar que el aeropuerto no se abre y que no se han obtenido las autorizaciones, que no se aportan las garantías y que, además, no se atendía un préstamo que estaba avalado, el Gobierno no tiene más remedio que decir que no le puede dejar esta concesión, porque esta concesión es la que le permite a usted explotar el aeropuerto”.

“Por tanto, como veo que usted no lo va a explotar, tengo que quitarle la concesión para que alguien ponga el aeropuerto en funcionamiento”, ha justificado Bernal, quien ha recordado que el Gobierno regional tiene que hacer “todo lo necesario para sacar un nuevo concurso”.

Bernal ha explicado que esta decisión “tiene todo el respaldo administrativo y jurídico necesario”, que viene dado por “el Consejo Jurídico, que es un órgano absolutamente de toda la garantía jurídica de la Región, y que nos ha dicho que eso es lo que hay que hacer, y que la mejor defensa del interés público es la que hemos hecho con esto”.

El vicepresidente del Gobierno regional ha señalado que esta decisión “no invalida otras vías”, pero ha aclarado que, una vez puesta en marcha, “es inevitable y hay que tomarla”.

El Gobierno que representa a los ciudadanos de la Región “no tiene discrecionalidad para decir si permite o no algo, o si consiente una cosa u otra”. Por lo tanto, ha insistido en que “se han incumplido clarísimamente una serie de cuestiones, y si estamos dispuestos a que esos incumplimientos no se produzcan y se cumpla lo que había que cumplir, desde luego, cabe una solución negociada a este problema”.