El Gobierno también estudia recurrir el nombramiento de un representante permanente de la Generalitat ante la UE

El Gobierno también estudia si podría recurrir el reciente nombramiento por parte de la Generalitat de un representante permanente ante la Unión Europea (UE) en Bruselas, han informado a Europa Press fuentes oficiales.

El pasado 13 de enero la Generalitat catalana nombró al periodista catalán y exportavoz de la Comisión Europea Amadeu Altafaj como su “representante permanente ante la Unión Europea”.

El Ejecutivo autonómico decidió en 2004 reforzar su presencia en Bruselas abriendo una delegación de la Generalitat ante las instituciones comunitarias. Fue la primera oficina de representación política que Cataluña estableció fuera de España, a la que posteriormente seguirían otras en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y próximamente se unirán Austria e Italia.

Hasta la fecha, al frente de estas oficinas estaba un “delegado” de la Generalitat, pero el nombramiento de Altafaj es el primero en el que el Gobierno autonómico denomina formalmente a este cargo político “representante permanente”.

El problema estriba en que se trata del mismo término con el que se denomina a los embajadores de España ante las organizaciones internacionales, de ahí que el Ejecutivo haya comenzado a estudiar jurídicamente si este aparente movimiento de la Generalitat de elevar el rango de su representante en Bruselas es recurrible.

El Gobierno español también estudia, según ha anunciado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de acción exterior, que es la que ha dado pie a todas estas decisiones por parte de la Generalitat.

Una de las primeras consecuencias de esta ley ha sido la reciente decisión de la Generalitat de abrir nuevas delegaciones en Roma y en Viena que se encargarán, según se especifica en el decreto autonómico, de “facilitar las relaciones bilaterales” de la Generalitat con las Repúblicas de Austria y de Italia, no ya solo con otros gobiernos regionales de estos dos países.

OBJETIVO: LA SECESIÓN

El Gobierno percibe un intento por parte de la Generalitat de que estas nuevas delegaciones se parezcan cada vez más a una Embajada --que solo puede abrir el Ejecutivo español-- y está convencido, en palabras del ministro García-Margallo, de que no se abren para defender los intereses catalanes o promover su lengua y su cultura, sino “para alentar el proceso secesionista”.

Objetivo que choca claramente con la obligación que tienen las Comunidades Autónomas de no actuar en contra de la política exterior de España, que dirige el Gobierno español, tal y como especifica la Constitución española en su artículo 97.

Una sentencia posterior del Tribunal Constitucional de 1994 fijó los límites que debe tener la acción exterior de las CCAA, cuya actividad no puede incidir en la política exterior del Estado, ni generar responsabilidades para el Estado frente a otros países extranjeros u organizaciones internacionales, entre otras cosas.

CATALUÑA NO AVISÓ

El Gobierno cree también, según ha dicho el ministro, que la decisión de abrir nuevas delegaciones en Roma y Viena puede estar incumpliendo la Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, que obliga a las autonomías a informar con carácter previo al Gobierno de la apertura de delegaciones en el extranjero.

El Ejecutivo sostiene que antes de publicar la decisión de crear estas nuevas oficinas en el exterior en su Boletín Oficial, la Generalitat tendría que haber informado con carácter previo al Gobierno.

La citada Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado establece en su artículo 12 que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación tiene que pronunciarse sobre si esa propuesta se adecúa a los objetivos de la política exterior española y si cumple con el principio de unidad de acción en el exterior.

También el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas debe decir si la apertura de esas oficinas está de acuerdo con el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos así como desde la perspectiva de su adecuación al orden competencial. Es decir, “si hay una solución más barata o más eficiente” para defender los intereses de Cataluña, como instalarse en las dependencias de la Embajada de España, ha simplificado el ministro.