El Gobierno desdeña las “ocurrencias” de Puigdemont y su “improvisación” continua

El Gobierno ha asegurado que no va a contestar cada “ocurrencia” del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, del que ha dicho que vive en la “improvisación constante” y al que ha recordado que la Justicia en España es independiente frente a lo que pretendía hacer él con los jueces en Cataluña.

Ese es el mensaje que ha lanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras las declaraciones de Puigdemont en las que hoy ha insistido en que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es un golpe contra la democracia y ha augurado que el Estado español “pasará vergüenza” cuando su causa sea llevada a los tribunales internacionales.

Sáenz de Santamaría ha participado en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado, y en declaraciones a los periodistas ha sostenido que el Ejecutivo no puede perder el tiempo en estar contestando diariamente “cada ocurrencia” del expresident, que cree que “vive en la improvisación constante” y con “muchos ratos libres” en Bruselas.

Sí le ha recordado que España es una democracia, con miembros del poder judicial “independientes, inamovibles y responsables”, y que “no funciona como la ley de transitoriedad” aprobada en el Parlament y con la que ha considerado que Puigdemont “quitaba y ponía jueces”.

Sáenz de Santamaría ha respondido ante el pleno de la Cámara alta a una pregunta relativa a Cataluña planteada por la senadora socialista María Luisa Carcedo y ha advertido de que recuperar la normalidad es una tarea de todos y “no sólo del Gobierno”.

Por ello ha instado a mantener la unidad de los partidos constitucionalistas y no entretenerse “en pequeñeces”.

Carcedo ha indicado que la normalidad no se recupera con recetas que el PP ha utilizado en otros tiempos como “mesas petitorias o reviviendo nuevos frentismos”, sino destruyendo “los bloques y los muros que impiden la convivencia”.

En contestación a otra pregunta de la senadora de Podemos Pilar Garrido sobre la reforma de la Constitución, la vicepresidenta ha criticado la actitud de este partido primero ante la crisis económica y ahora ante la situación en Cataluña.

Cree que ha sido un partido “abrasivo” contra las instituciones y y “lo primero que se ha abrasado es Podemos”, una fuerza política que considera que representa la “fusión del populismo y el nacionalismo excluyente”.

“Quien les entienda que les vote”, ha trasladado a los dirigentes del partido de Pablo Iglesias horas después de conocerse los datos de la última encuesta del CIS que pronostican una bajada en la estimación de voto de Podemos.

Para Garrido, en vez de defender la Constitución, lo que ha hecho el Gobierno es “mercadear” con su reforma para pactar con el PSOE la aplicación del artículo 155.

En la sesión de control, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aconsejado al PDeCAT que vuelva a la “moderación y la centralidad” que les caracterizó en el pasado y ha puesto en duda que tengan capacidad de encontrar “otras siglas que cubran el 3 por ciento o los instrumentos 'offshore' de algunos de sus militantes”.

“Quién les ha visto y quién les ve, han abandonado hasta sus siglas, hasta su nombre”, ha enfatizado Catalá en respuesta a una pregunta del portavoz de este partido, Josep Lluís Cleries, quien ha pedido la libertad de los “presos políticos”.

Un duro cara a cara en el que Catalá ha negado que en España haya presos políticos y en el que ha aclarado a Cleries que ni el Gobierno ni el Parlamento deciden sobre el encarcelamiento o la puesta en libertad de nadie, porque hay una justicia independiente y una fiscalía que vela por el interés general.

La senadora de ERC Elisenda Pérez ha dirigido otra pregunta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que le ha pedido aclarar si el Gobierno aceptará el resultado de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña si hay una mayoría independentista o volverá “a dar un golpe de Estado como ya lo han dado”.

Zoido ha respondido que “sin duda alguna” el Gobierno respetará ese resultado porque los comicios reúnen “todos los requisitos legales” para su celebración.

Y ha aprovechado para acusar a los independentistas catalanes de haber “retrocedido 40 años de democracia” y de haber “puesto en riesgo” el Estado de derecho en Cataluña con las “arbitrariedades” e “ilegalidades” que han cometido.

El ministro ha aportado otro dato en contestación a una pregunta del senador de ERC Xavier Castellana. El coste de las nóminas de los aproximadamente 6.000 policías y guardias civiles destinados habitualmente en Cataluña es de 220 millones de euros.

Otro ministro, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha referido en los pasillos del Senado al viaje a Bruselas de 200 alcaldes secesionistas catalanes con el fin de internacionalizar el debate independentista.

“Quiero entender que han ido a título privado, evidentemente, y que no estarán utilizando recursos públicos en una acción de este tipo”, ha advertido Montoro.