El Gobierno panameño entregará al Parlamento un proyecto de reforma constitucional

El Gobierno de Panamá, que encabeza el presidente Laurentino Cortizo, presentará este miércoles al Parlamento un proyecto de reforma constitucional que modifica el método de selección de los jueces del Supremo y el procesamiento de los diputados, dos focos de críticas por supuestos amaños que alimentan la corrupción.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de reformas constitucionales que elaboró el Consejo Nacional para la Concertación y el Desarrollo, una instancia ciudadana que lo trabajó y consensuó durante más de nueve meses, y autorizó al ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, a que lo entregue mañana al Parlamento unicameral.

La aprobación, en el marco de la sesión del Consejo de Ministros celebrada en un gimnasio del populoso barrio de San Miguelito, este de la capital, fue un trámite breve ratificado a través de una resolución, tal como lo había prometido el lunes el nuevo presidente panameño.

La reforma constitucional a través de dos legislaturas y la posterior aprobación en referendo popular fue, junto con la lucha contra la corrupción y la reactivación económica, una de las principales ofertas de campaña de Cortizo, que ganó las elecciones de mayo pasado y asumió el poder el pasado 1 de julio para el período 2019-2024.

Cortizo recibió el lunes el paquete de reformas por parte del Consejo Nacional, un ente creado en 2008 en el que participan más de 2.000 representantes de los sectores empresarial, obrero, indígena, academia, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, iglesias y el Gobierno Nacional.

Al recibir el documento, afirmó que en la Asamblea Nacional, de 71 escaños, 40 de ellos en manos de aliados suyos, se le dará una amplia consulta que contribuirá a mejorarlo, con el objetivo de aprobarlo y tenerlo listo para iniciar el proceso a partir del año 2020.

Enrique de Obarrio, miembro de la Concertación Nacional, dijo el lunes que el paquete de reformas se concentra “básicamente en lo que es la parte orgánica del Estado, para atender un clamor nacional en cuanto a aquellos espacios que se prestan para la corrupción y debilitan la institucionalidad”.

Explicó en ese sentido que, en caso de que las reformas sean aprobadas por el Parlamento, todas las investigaciones para procesar a los magistrados del Supremo panameño y diputados pasarán al Ministerio Público.

Con esto se pondría fin a un cuestionado sistema que permite que los magistrados solo sean procesados por los diputados y estos por el Supremo.

En los cambios constitucionales propuestos también se fortalece presupuestariamente al Órgano Judicial y al Ministerio Público, pues ya no sería el 2 % de los ingresos del Estado, sino el 2 % del Presupuesto General del Estado, entre otros puntos, explicó De Obarrio.

Se modifica el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Supremo, una tarea que recae ahora en el presidente del país y que pasa por la ratificación del Parlamento.

Los cambios contemplan que cada magistrado sería nombrado por el Consejo de Ministros de una terna propuesta por la Concertación Nacional, y que el juez debe ser ratificado por el Parlamento para que pueda ejercer el cargo por un periodo de 15 años (ahora es de 10).

La propuesta incluye temas relacionados con los derechos humanos, la división política del país, derechos y deberes individuales y sociales, cultura régimen agrario y ambiental, derechos políticos, entre otros.

El presidente de Asamblea Nacional, el diputado Marcos Castillero, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo el pasado domingo en una entrevista con Efe en Nueva York que el pleno está abierto a discutir ampliamente la reforma constitucional.

“En Panamá ya se ha reformado la Constitución en dos ocasiones en los últimos 30 años, y se ha realizado con amplia consulta y en esta ocasión no será la excepción (...) para eso estamos, para escuchar, somos una Asamblea abierta, dispuestos a hacer un trabajo en equipo con los 71 diputados”, dijo Castillero.

La última reforma a la Constitucional en Panamá se realizó en 2004.