Gobierno paraguayo dice que muerte campesinos en masacre de 2012 se investigó

El Gobierno paraguayo afirmó hoy que las muertes de 11 campesinos en la masacre de Curuguaty, en 2012, sí fueron investigadas, y contradijo al Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien mostró su preocupación ante la falta de investigación de esos fallecimientos.

En la masacre murieron once campesinos y seis policías, y provocó el cese del presidente Fernando Lugo.

El pasado 11 de julio, once personas fueron condenadas a penas de entre 4 y 30 años de prisión por las muertes de los policías, mientras que no hubo ningún imputado por las de los campesinos fallecidos en estos hechos.

Esa sentencia motivó la reacción de Zeid Ra'ad Al Hussein que el miércoles mostró su preocupación ante la falta de investigación de las muertes de los campesinos, así como por las denuncias de que algunos de ellos fueron ejecutados tras ser torturados.

La Cancillería paraguaya aseguró hoy que estas muertes fueron investigadas a través de “un procedimiento interno de la policía para dilucidar responsabilidades”.

En el mismo comunicado, el organismo afirmó que la actuación de la policía en la masacre de Curuguaty (este), que se produjo cuando más de 300 policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban, “fue de reacción y se circunscribió a la legítima defensa”.

Además, aseguró que las declaraciones de Zeid acerca de que la defensa de los campesinos procesados por el caso Curuguaty no tuvo las garantías previstas en la ley son “erróneas”, dado que los procesados “contaron con asistencia legal brindada por el Ministerio de la Defensa Pública y por abogados particulares”.

La cancillería informó que el representante permanente de Paraguay en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Juan Aguerre, se reunió hoy con Zeid para expresarle que sus declaraciones sobre el caso son “improcedentes”, y contienen “imprecisiones y falsas informaciones”.

En 2013, el Alto Comisionado pidió a Paraguay una investigación “inmediata, independiente e imparcial” que tomase en cuenta “las acusaciones de graves irregularidades en las actuaciones de Ministerio Público, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad” en relación al caso.

Asimismo, la oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que el pasado abril Paraguay se comprometió a crear una comisión independiente de investigación para esclarecer las denuncias que envuelven el caso Curuguaty.

La creación de esta comisión fue aprobada por la Cámara de Senadores, pero la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa el pasado miércoles, alegando que el Parlamento no tiene competencia para analizar las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en el proceso, y que esta tarea corresponde a los órganos judiciales.

La Cancillería afirmó en su comunicado que “la eventual creación de una Comisión Independiente” para investigar los hechos relacionados con la masacre es “una prerrogativa exclusiva del Congreso Nacional”.

La masacre sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de “irregular” por organismos como la Unasur y el Mercosur.