El Gobierno percibe “buena predisposición” de los grupos parlamentarios para impulsar medidas contra la corrupción

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, percibe “buena predisposición” por parte de los grupos parlamentarios para hablar sobre posibles medidas que se pueden plasmar en un pacto por la transparencia y contra la corrupción, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Sáenz de Santamaría ha iniciado este martes una ronda de contactos con los portavoces de los distintos grupos de la Cámara Baja para buscar apoyos a la propuesta lanzada por Mariano Rajoy de sellar un pacto contra la corrupción en medio de la polémica por los supuestos sobresueldos que el extesorero y exsenador del PP, Luis Bárcenas, habría pagado a parte de la cúpula del partido.

Hasta este mediodía, desde el Ejecutivo se han puesto en contacto con la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano; el coordinador general de IU, Cayo Lara, y los portavoces parlamentarios de CiU y PNV, Josep Antoni Duran i Lleida y Aitor Esteban, según fuentes parlamentarias.

Tras estos primeros contactos telefónicos, fuentes del Ejecutivo destacan que hay “buena predisposición” para hablar y consensuar en el futuro nuevos instrumentos con los que prevenir y luchar contra la corrupción política.

Eso sí, tanto el PSOE como IU ponen el foco en este momento en la exigencia de explicaciones al Gobierno y al PP por el llamado 'caso Bárcenas'. De hecho, Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado que éste “no es el momento” para que los partidos hablen de un pacto contra la corrupción sino de aclarar responsabilidades.

PRIMERAS PROPUESTAS EN FEBRERO

Fuentes gubernamentales han indicado que el primer ámbito de actuación será la llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Precisamente este miércoles arrancan en el Congreso las primeras comparecencias de expertos en esta materia que ilustrarán a los diputados en la tramitación parlamentaria de la norma.

Para este pacto contra la corrupción política el Gobierno contará con las medidas del plan de regeneración democrática en las que está trabajando el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), que enviará las primeras propuestas a la vicepresidenta a finales de febrero, según han indicado a Europa Press fuentes de éste órgano.

En principio, el CEPC tiene previsto tener lista en mayo o en junio su estrategia completa de regeneración, con la que pretende mejorar la imagen de la clase política, impulsar la transparencia y el Gobierno 'abierto', y fomentar la participación ciudadana en la tramitación de las leyes.

MEJORAR LA IMAGEN DE LA CLASE POLÍTICA

En una reciente entrevista concedida a Europa Press, el director del CEPC, Benigno Pendás, explicó que el objetivo de este plan es mejorar la imagen de la clase política, acercándola al ciudadano, y apostar por una democracia “eficiente”. “Esta estrategia responde a la inquietud del propio Gobierno ante la percepción de un cierto distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones”, añadió, en un momento en que la clase política ha llegado a convertirse en la tercera preocupación de los españoles.

Para fomentar la participación democrática, una de las propuestas en la que está trabajando el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es que asociaciones y colectivos sociales puedan dar su opinión durante la tramitación parlamentaria de los principales proyectos de ley. Según precisó, se trataría de que en el Congreso y en el Senado se estableciera “un trámite de audiencia para que los sectores sociales interesados transmitieran a los parlamentarios cuáles son sus problemas e inquietudes”.

Otra de las iniciativas pasa por hacer una “evaluación de la aplicación de las leyes pasado un cierto tiempo, que podría ser dos años”. “En España tenemos un poco la costumbre de creer que llenas el Boletín Oficial del Estado de páginas y ya está todo arreglado. Tenemos un problema y hacemos una ley”, dijo Pendás, para asegurar que es bueno que las Cámaras puedan analizar cómo funcionan las normas pasado un tiempo desde su entrada en vigor.

Además, el Gobierno apostará por “mejorar la calidad de las leyes” y por tener un ordenamiento “más claro y sencillo”, según Pendás. Por eso, presentarán al Gobierno “un plan que codifique por sectores el ordenamiento jurídico”, como por ejemplo medio ambiente, urbanismo o seguridad, con el fin de que “se eliminen normas que sobren, se aclare lo que está en vigor y lo que no”.

El director del CEPC indicó que también están estudiando la idea de “facilitar las reuniones entre los diputados y senadores, y sus electores”, de forma que si un “grupo de presión” tiene algo que manifestar lo diga públicamente “con luz y taquígrafos”. “Se trata de que los partidos pudieran estudiar la posibilidad de tener una especie de encuentros formalizados en la circunscripción entre los representantes y los ciudadanos que quieran”, aclaró.

Dentro de esta estrategia de regeneración democrática se incluye también un nuevo Plan de Derechos Humanos que “actualice” el Título I de la Carta Magna pero sin necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, ya que en el momento actual han surgido nuevos problemas con las nuevas tecnologías e Internet.