Gobierno vasco propone extender los planes de redimensionamiento a todas las instituciones vascas

El Gobierno vasco ha propuesto extender al resto de instituciones vascas la realización de planes de redimensionamiento del sector público, una práctica que en el caso de la administración autonómica --que ya ha elaborado su propio plan-- supondrá una reducción de estructuras cercana al 20%. La propuesta aparece recogida en un informe del Ejecutivo vasco en el que también se critican los “excesos” del Ejecutivo central en el ejercicio de sus competencias.

Este documento, en fase de borrador, servirá como punto de partida de los trabajos que se desarrollarán en los próximos meses en el Parlamento vasco para tratar de reducir las duplicidades e ineficiencias existentes en el funcionamiento de los distintos niveles institucionales --autonómico, foral, local y estatal-- existentes en Euskadi.

Esta labor se inició en la pasada legislatura, cuando el Gobierno vasco del PSE-EE elaboró un primer informe que cifró en algo más de 400 millones de euros el sobrecoste anual que generan los solapamientos en la prestación de servicios públicos.

Ahora, el gabinete de Iñigo Urkullu ha elaborado un nuevo trabajo --su título es 'Informe sobre Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi'--, en el que se “analiza, contrasta y completa” aquel primer trabajo.

“SIMPLISTAS”

En el nuevo documento, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del texto, se valoran algunas partes del inicial, aunque se consideran “simplistas” algunas de sus consideraciones. Además, no incluye estimación alguna sobre el impacto económico de las duplicidades e ineficiencias, por considerar que se trata de un conjunto de propuestas abiertas a debate por parte de los agentes implicados.

El borrador, que desvincula del modelo institucional las posibles ineficiencias en el funcionamiento de las administraciones públicas, incluye una serie de recomendaciones para evitar solapamientos en la prestación de servicios. De esa forma, propone extender al resto de instituciones vascas la realización de estudios de racionalización y redimensionamiento del sector público.

'CONSEJO DE POLÍTICAS PÚBLICAS'

Por otra parte, recomienda la creación de un 'Consejo de Políticas Públicas de Euskadi'. Este órgano tendría el objetivo de “profundizar” en la coordinación de las políticas públicas de los distintos niveles institucionales vascos, al objeto de “dotarlas de mayor cohesión, complementariedad, eficacia, eficiencia y un mejor servicio a los ciudadanos vascos”. También se propone ampliar las funciones de la Comisión Arbitral.

El borrador del informe elaborado por el gabinete de Urkullu incluye, además, un apartado dedicado a las duplicidades que se generan en Euskadi entre la administración central y la autonómica, una cuestión que no se recogía en el trabajo elaborado por el anterior Ejecutivo.

En este sentido, el estudio advierte del “solapamiento, -y en muchos aspectos ineficiencia- que se produce en la aplicación de la distribución competencial Comunidad autónoma del País Vasco-Estado, bien por exceso en el ejercicio de sus potestades por parte del Estado, bien por la falta de transferencia de funciones y servicios vinculadas a materias estatutariamente atribuidas a la CAPV”.

El informe cita numerosos ejemplos de esta situación. En el caso de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, recuerda que las funciones de “coordinación” entre administraciones que se atribuyen a esta institución no se desarrollan “habitualmente” por el delegado del Gobierno, sino a través de órganos bilaterales o multisectoriales.

El estudio critica las “ineficiencias” generadas por “la falta de repliegue de las FCSE” y por la no “adecuación a sus funciones estatutarias” y destaca la necesidad de que las Fuerzas de Seguridad estatales “dejasen de realizar funciones propias del ámbito competencial del Gobierno vasco”.

En este sentido, se indica que la Junta de Seguridad debería establecer los criterios de la adecuación, lo que conllevaría la reducción de los efectivos (4.580 policías y guardias civiles desplegados en Euskadi), con el objetivo de alcanzar una ratio “razonable”, especialmente tras haber desaparecido la amenaza terrorista.

Asimismo, se critica que no se hayan traspasado las funciones y servicios en relación con las Instituciones Penitenciarias, lo que genera “una grave disfuncionalidad”.

REDIMENSIONAMIENTO

El informe propone la supresión de órganos y estructuras administrativas públicas, la simplificación de procedimientos, etc, así como extremar la coordinación inter-institucional como principal medida para evitar esas duplicidades.

Además, insta a reclamar todas las transferencias pendientes en aras a los principios de “eficiencia y eficacia” que deben erigir la actuación de toda Administración Pública, ya que “donde se dan los mayores solapamientos y duplicidades son precisamente donde no se han materializado las transferencias”.

El borrador se ha enviado ya a las diputaciones forales y a EUDEL, a las que se ha dado de plazo hasta el 20 de enero para que hagan aportaciones. Con todas ellas, el Gobierno realizará un documento ya definitivo que enviará al Parlamento y el consejero Josu Erkoreka comparecerá a petición propia en la Cámara. También se hará llegar el borrador al Gobierno español.

PROPUESTAS DEL INFORME

Por sectores, el texto recoge una Propuesta de Elaboración de Planes Estratégicos Industriales en cuya elaboración participen todos los agentes institucionales, sociales y económicos implicados, en orden a definir las líneas rectoras de la política industrial de la zona y/o territorio.

En materia de empleo, el objetivo es definir y crear un Sistema Vasco de Empleo que coordine todos los servicios que se prestan (por ejemplo Lanbide, las Agencias Locales de Desarrollo Local, etc). Para poner orden en este panorama, el Gobierno presentará próximamente el Plan Estratégico de Lanbide y el Proyecto de ley de Empleo.

En Vivienda, el informe recoge que el hecho de que los tres niveles institucionales vascos hayan participado en la promoción de vivienda pública, ha podido causar duplicidad e ineficiencia. Por ello, el texto deriva esta cuestión a la Ley de Vivienda que se está tramitando en el Parlamento vasco y que incluso podría modificar la LTH.

Por otro lado, el informe considera que es necesaria la actualización de la Ley de Patrimonio Cultural del País Vasco, así como la creación de la Ley de Documentos y Archivos de Euskadi, y del Archivo Histórico de Euskadi.

En materia de seguridad, el principal “punto de fricción y duplicidad”, deriva de la negativa “permanente” del Gobierno español para reunir a la Junta de Seguridad, con el objetivo de adecuar la asignación general de efectivos a la delimitación funcional de los servicios prestados.

Por otra parte, se recoge un Compromiso de Aprobación de la Cartera de Servicios y Prestaciones, prevista en la Ley de Servicios Sociales, que definirá con mayor claridad la competencia de cada institución y sus procesos de coordinación.

En materia de salud, el informe propone revisar la situación y el papel que desempeñan los laboratorios municipales, ya que se observa un número elevado de estructuras de este tipo. En este sentido, el Gobierno vasco elaborará un Plan Director de los Laboratorios de Salud Pública.

Además, dice que sería deseable “armonizar u homogeneizar” a través de la coordinación, la prestación de servicios socio-sanitarios en los tres Territorios Históricos, de manera que -al margen de la estructura y funcionamiento- el resultado final a la ciudadanía genere un acceso equitativo, garantista y coordinado a estos recursos.