El Gobierno recurrirá la ley navarra de reparación de víctimas de violencia policial y de la extrema derecha

El Consejo de Ministros ha solicitado este martes al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, porque cree que vulnera, “entre otras exigencias constitucionales, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y al principio constitucional de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.

La proposición de ley, impulsada por Izquierda-Ezkerra, recibió también el voto a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, mientras que UPN y PPN votaron en contra. Cuando se aprobó su toma en consideración, el diputado de I-E Txema Mauleón aludió al “inmenso dolor con el que han cargado” los familiares de esas víctimas no reconocidas y aclaró que el objetivo de su partido no era “equiparar la violencia de la banda terrorista ETA y la de las Fuerzas de Seguridad”.

La norma navarra tiene como fin que las víctimas de la acción violenta de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos sean reconocidas como tales y, por tanto, se beneficien de “los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral” por hechos sucedidos entre 1950 hasta la actualidad, incluidos los 37 años de democracia y Estado de Derecho que se iniciaron en 1978 con la aprobación de la Constitución.

El Gobierno ha aclarado que su recurso “no cuestiona el reconocimiento y reparación integral que proceda” para las personas protegidas por la norma “cuando haya resultado acreditado el perjuicio con arreglo a Derecho”.

Sin embargo, considera que la ley “vulnera las garantías esenciales de un Estado de Derecho, como la presunción de inocencia o el derecho a la tutela judicial efectiva”.

JUSTICIA PARALELA

En este sentido, el Ejecutivo señala que la ley navarra atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Reparación funciones relativas a la investigación de atentados, agresiones, torturas o cualquier otra vulneración de derechos humanos que, según ha recordado, “la Constitución reserva a los jueces y tribunales”.

En su opinión, “ejerce una especie de justicia paralela, que, además, obvia cualquier actividad judicial previa”, suponiendo esto “una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia, al no preservar, en forma alguna, los derechos constitucionales que corresponden a cualquier ciudadano al que se le impute una actuación antijurídica”.

Asimismo, el Gobierno mantiene que las funciones atribuidas a la Comisión de Reconocimiento y Reparación “omiten la tramitación de un procedimiento administrativo, ya que la Administración foral no participa realmente en la resolución de reconocimiento de condición de víctima”.

“Es la Comisión la que investiga los hechos y se pronuncia de forma vinculante” sobre si se acepta o desestima la solicitud de reconocimiento, mientras que la Administración regional “prescinde del ejercicio de sus funciones de elaborar y decidir en un procedimiento administrativo, vulnerando el principio constitucional de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, especialmente en materias reservadas, además, a los órganos judiciales”, explica.

NO GARANTIZA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS “SEÑALADAS”

El Ejecutivo también destaca que la declaración de víctima requiere la previa imputación del hecho causante antijurídico, lo cual “implica el enjuiciamiento de responsabilidades penales o administrativas de carácter sancionador”.

Además, indica que el procedimiento “no prevé la garantía de las personas que resulten señaladas por estos hechos, ni sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia, a un juicio justo o a la asistencia letrada”.

El Gobierno dice que ha decidido interponer el recurso de inconstitucionalidad al no haber sido posible alcanzar un acuerdo en el seno de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra.