El Gobierno admite que “a muchos” no les gusta la reforma local, pero defiende su necesidad y los ahorros que producirá

El secretario de Estado de Administración Local, Antonio Beteta, ha asegurado esta tarde en el Congreso que le consta que “a muchos” no les gusta la reforma de la administración local que prepara su departamento, pero ha insistido en que es necesaria y en que generará importantes ahorros en los próximos tres años, los previstos que se tardará en desplegar todos los efectos de la ley.

“Entiendo que haya recelos de quien lleva años con una técnica de gestión y tendrá ahora una técnica de gestión diferente”, ha explicado en comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar las líneas generales de la reforma, que su departamento enviará en breve al Consejo de Estado. El Consejo de Ministros aprobará después un proyecto de ley.

Según Hacienda, se prevé hasta 2016 un total de 7.129 millones de ahorro con aplicación de la reforma local, casi 6.000 de ellos por evitar duplicidades entre administraciones en el ejercicio de competencias y por establecer un coste estándar para ajustar cuánto se debe pagar por la prestación de un servicio.

El secretario de Estado ha detallado algunos de esos ahorros previstos y ha añadido que incluso el cálculo de varios de ellos ha sido “prudente”, es decir, que podrá ser mayor cuando se aplique la ley. Ha precisado por ejemplo que se ahorrarán casi 67 millones por eliminar dedicaciones exclusivas de los concejales, tomando como media que cobran unos 2.250 euros al mes, en 14 pagas. Y otros 79,1 millones limitando el número de eventuales que puede tener un municipio (cargos de confianza), a razón de unos 42.000 euros brutos anuales de sueldo.

El secretario de Estado ha hecho hincapié en que la ley no tiene como objetivo sin embargo “la austeridad”, porque las corporaciones locales ya están cumpliendo el objetivo de déficit que se les impone. Lo que se busca, ha dicho, es garantizar la viabilidad futura de los ayuntamientos, gravemente afectados por la despoblación y la crisis económica.

El 71,35 por ciento de los 8.117 ayuntamientos españoles tiene menos de 2.000 habitantes, su situación es difícil y “es una necesidad proteger a los municipios, adecuarlos a los cambios del presente y los riesgos del mañana”, ha insistido.

El secretario de Estado ha defendido de nuevo que se potencie la diputación, como centro de “cooperación territorial”, que asegurará según el Gobierno una financiación “más adecuada y barata” de los servicios“.

EL PSOE INTUYE PRIVATIZACIONES

La oposición ha expresado hoy de nuevo su rechazo a esta iniciativa. Por parte del PSOE, Meritxell Batet ha vuelto a pedir la retirada de este proyecto, cuyo contenido es para los socialistas contrario a los intereses del mundo local y rural. “Ni el objetivo de estabilidad presupuestaria ni el de evitar duplicidades se consiguen con este anteproyecto”, ha dicho, recordando que los ayuntamientos cumplen ya el objetivo de déficit que se les ha impuesto.

Ha añadido que la propuesta no respeta la distribución de competencias de la Constitución, ni la “diversidad municipalista” de las comunidades. “Vulnera las tres grandes normas que están por encima: el ámbito europeo, el español y el autonómico”, ha resumido.

La diputada ha censurado el establecimiento de un coste estándar, que se aplicará a todos los ayuntamientos sin atender a su diversidad. “¿Dónde están los ciudadanos en esta ley, el cuidado por la calidad de los servicios públicos en esta ley?”, ha inquirido, para preguntar también para qué van los ciudadanos a elegir concejales y alcaldes que puede que se queden sin competencias.

Ha dudado que traspasar un servicio de un municipio a la diputación sea equivalente a lograr un ahorro, “es un razonamiento falaz”, y ha insistido en la idea del PSOE de que uno de los objetivos de la ley es privatizar servicios municipales.