El Gobierno refuerza el papel de los interventores en los ayuntamientos para mejorar el control económico

Según explica el Ministerio de Hacienda, la reforma local aprobada en 2013 encomendaba al Gobierno la regulación de los procedimientos necesarios para reforzar ese control económico de las entidades locales. este real decreto, según afirma el Gobierno, cuenta con “el visto bueno de todos los órganos involucrados”, principalmente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y ha sido consultado con las comunidades autónomas.

La nueva regulación se aplicará a las entidades locales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones del sector público dependientes de la entidad local, fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los presupuestos generales locales y consorcios adscritos a la entidad local.

UNA ESTRUCTURA COMÚN

El Real Decreto establece unos estándares mínimos que debe cumplir el régimen de control de las Entidades Locales, dotándolas así de una estructura común de control interno que permita aplicar de manera homogénea los tres ámbitos del mismo: la función interventora, el control financiero y la auditoría pública.

Las distintas corporaciones deberán adaptar a su realidad los distintos instrumentos que se prevén en la nueva normativa en función de los riesgos y de los medios disponibles, resultando novedosa la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración o contratación.

Con estas medidas, dice el Gobierno, se persigue conseguir una gestión “más eficaz, homogénea y transparente” de los órganos de control interno en todo el territorio nacional, cubrir el vacío legal existente en materia de control interno de las entidades que conforman el sector público local, “reforzar el papel y las funciones de los órganos de intervención, homogeneizar los procedimientos de control y garantizar una mayor profesionalización y eficacia en el ejercicio de las funciones de control interno”.

Los principales resultados del control interno se recogerán en un informe que deberá elaborarse anualmente y que será puesto en conocimiento del Pleno, del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado (IGAE).

En todo este proceso la IGAE tendrá un papel activo con el objetivo de conseguir una adecuada implementación del modelo. Así, analizara las necesidades de formación para programar las actuaciones que sean necesarias en los centros públicos especializados. Igualmente, se podrán formalizar convenios de colaboración para actuaciones de apoyo: acceso a bases de datos gestionadas por la IGAE, resolución directa de consultas o realización de informes de consultoría con propuestas para un mejor funcionamiento.

La aprobación de este Real Decreto estaba contemplado dentro de los compromisos de refuerzo de las instituciones públicas que se incluían en el Plan Presupuestario para 2017 y que se envió a la Comisión Europea el pasado mes de diciembre.