El Gobierno asegura que le “toca” respetar la actuación judicial en torno a la Infanta y “no interferir”

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que al Ejecutivo le “toca” ser respetuoso con la decisión del juez de Palma José Castro de investigar a la Infanta Cristina por presunto fraude fiscal y “no interferir de una u otra manera en esas decisiones”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta ha recibido varias preguntas sobre la citada decisión judicial conocida este viernes. “Como Gobierno nos toca respetar los procedimientos judiciales”, ha respondido de entrada.

Sáenz de Santamaría no ha querido interpretar qué repercusión tiene este hecho en la imagen de la Corona entre los ciudadanos, ni si es contradictorio que el juez Castro se adentre por la vía fiscal si Hacienda tiene datos de que no existe tal delito, según diversas informaciones.

“Tendrá que verse a lo largo del procedimiento”, se ha limitado a decir. “En ilícitos de esa naturaleza habrá que determinarse por el juez si se han producido los elementos del tipo que el Código Penal prevé en los delitos contra la Hacienda Pública”, ha agregado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda pública, al solicitar a la Agencia Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Juan Carlos incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos.

Así lo ha decidido mediante un extenso auto que ha dictado este viernes, por el que ha dado un paso más en sus pesquisas en torno a la mujer de Iñaki Urdangarin tras la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares que, a principios de este mes, dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la Infanta por haber defraudado al fisco.

Y es que, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.

El tribunal recalca así que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible “conocimiento del origen ilícito y delictivo” de estos fondos.