El Gobierno responde a la Generalitat que no tiene “nada que temer” a no ser que se crea “por encima de la ley”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido este martes la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP porque servirá para “fortalecer el marco constitucional”, al tiempo que ha señalado que la Generalitat de Cataluña no tiene “nada que temer” a no ser que considere que “está por encima de la ley o de las sentencias de los tribunales”.

“En un Estado de Derecho, los tribunales son los que tienen la última palabra”, ha recordado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado antes de participar en la sesión de control al Gobierno, para añadir que lo único que busca la iniciativa del PP es “dar a un tribunal la capacidad para que se cumpla lo que él mismo ha determinado”. “Nadie tiene nada que temer”, ha apostillado.

“Lo que uno tendría que temer es que alguien considere que está por encima de la ley o de las sentencias de los tribunales, y los tribunales en nuestro país son muy garantistas, aplican el Estado de Derecho y las decisiones de los tribunales. Son lo menos arbitrario y lo más garantistas”, ha añadido.

Así, ha afirmado que ella no le tiene “ningún miedo” a los Tribunales, como tampoco lo tendría que tener, a su juicio, la Generalitat, si tiene en cuenta que con esta proposición lo que se va a hacer es “aplicar la ley, la Constitución”, y decidir “con arreglo a derecho”.

Además, ha negado que se trate de una medida electoralista. “El Grupo Parlamentario Popular lo ha planteado en un momento en que se analizan esos mecanismos”, ha señalado, para defender que “la legislatura sigue funcionando hasta que se disuelvan las Cortes” y que “cualquier momento es bueno”.

“LEY DE NATURALEZA GENERAL”

En este sentido, ha defendido que se trata de “una ley de naturaleza general”, que se aplicará “a cualquier procedimiento en que quien esté obligado a cumplir una resolución del tribunal no lo haga”.

“Esa proposición es de refuerzo de los mecanismos del Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional, según su ley, puede dictar todo tipo de resoluciones, pero la parte relativa a la ejecución o garantizar la ejecución de sus propias resoluciones no estaba desarrollada más que en una serie de principios generales”, ha argumentado.

Así, ha matizado que “lo que esta proposición incluye es ese desarrollo de la capacidad de ejecución”, para que el TC pueda, “como ya lo hacen los tribunales de lo contencioso administrativo”, notificar esas decisiones a la autoridad o al funcionario que tenga que cumplirlas.

“A quien puede suspender, no es al Gobierno ni a al Administración, sino al encargado de cumplirlas, a ese empleado público o a esa autoridad que tienen que cumplir esa resolución, y que decide arbitrariamente no cumplirlas”, ha aclarado.

“GARANTIZAR EL PRINCIPIO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA”

En esta línea, ha proseguido que el Constitucional “es un tribunal jurisdiccional, no judicial” y “lo normal es que cuando dicta una resolución”, las administraciones la cumplan. “Lo que no es normal es que no se cumpla, y lo que se arbitra es un procedimiento jurisdiccional ante un tribunal que garantice que cualquier Administración, que puede ser el Gobierno o una Administración autonómica o local o un particular, cumplan las decisiones del TC”, ha ahondado.

“Es garantizar el principio a la tutela judicial efectiva también en el ámbito constitucional, y por otro lado, si todos estamos dispuestos a cumplir la ley y las sentencias de los tribunales, pues nada hay que temer a ese tipo de disposiciones que lo que hacen es fortalecer el marco constitucional”, ha insistido.