El Gobierno valenciano exige que se ponga fecha para la reforma de la financiación

El Gobierno valenciano ha instado al Ejecutivo central a poner una fecha para el inicio de la negociación con las Comunidades Autónomas para reforma del sistema de financiación autonómica porque está caducado desde 2014 y “no puede quedar aplazado sine die”, según su vicepresidenta, Mónica Oltra.

El nuevo Gobierno debe comenzar los trabajos y poner una fecha, como la puso el expresidente Mariano Rajoy -para el 31 de diciembre de 2017 ante la Conferencia de Presidentes autonómicos- aunque “se la saltaron a la torera”, y sentarse con las Comunidades para adoptar “una decisión política”, porque “no es tolerable” que lleve tanto tiempo caducado, ha manifestado.

Oltra ha afirmado que si el Gobierno de Pedro Sánchez renuncia a la reforma del sistema de financiación se encontrará con la respuesta de que “lo que valía con Montoro, vale con Montero”, y es una cuestión en la que tiene que trabajar el Gobierno central, “éste y el que venga”, y la Generalitat no va a dejar de reivindicarlo.

En este sentido, el Gobierno valenciano estará al lado de cualquier manifestación pública, ya sean campañas, actos o manifestaciones, que organice la sociedad civil, como ya ocurrió en la movilización que se hizo en Valencia en noviembre de 2017.

Oltra ha precisado que si las convocatorias se hacen a favor de una financiación justa y no contra nadie, la Generalitat apoyará las movilizaciones de la sociedad civil.

No obstante, ha reconocido que el Gobierno de Pedro Sánchez aún está nombrando su estructura y hay que darle tiempo, y ha valorado las reuniones que ha anunciado que mantendrá con todas las Comunidades dentro de unas relaciones “sanas y leales” entre el ejecutivo y las autonomías, algo que no es incompatible con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ha reiterado que el pacto del Botànic está “a prueba de bombas” aunque pueda haber discrepancias de algunos partidos con el Gobierno central, así como que el Consell hará “lo que haga falta” para defender los intereses de los valencianos y garantizar sus derechos dentro de un marco de relaciones aceptable.

Según ha recordado, existe una unanimidad social en las reivindicaciones de que la Comunitat Valenciana necesita una financiación justa y unas inversiones justas de los Presupuestos Generales del Estado conforme a su peso poblacional y que se regularice la parte de la deuda que corresponde a la infrafinanciación sostenida.