La gestión del coronavirus agrava las tensiones en las coaliciones de Madrid, Catalunya y País Vasco

La gestión de la pandemia del coronavirus comienza a pasar factura a los gobiernos de coalición de algunas autonomías. Tras la unidad que provocó el shock inicial por la gravedad de la emergencia sanitaria y las duras medidas acordadas para intentar atajarla en el marco del estado de alarma, emergen las primeras tensiones sobre cómo abordar una crisis en la que las comunidades tienen mucho que decir y hacer. Suya es la competencia en materia sanitaria, así como en las residencias de ancianos, que han sido uno de los focos más letales de la COVID-19, con miles de fallecidos fundamentalmente en los geriátricos de Madrid y Catalunya. 

En la Comunidad de Madrid PP y Ciudadanos se encuentran a la gresca dentro de un Ejecutivo que estaba engrasándose tras apenas unos meses de trabajo conjunto y en el que ya se habían desatado desavenencias. En Catalunya (JxCat y ERC) la gestión del virus no ha hecho sino recrudecer una batalla que venía de lejos. Pero las chispas también han saltado en el País Vasco (PNV y PSE), tras una legislatura de sintonía entre ambos socios de la coalición de Gobierno salvo desacuerdos generalmente pactados. Estos son precisamente los territorios más afectados por el coronavirus.  

La coalición de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso vive sus peores días en mitad de la crisis. La emergencia sanitaria ha agravado la tensión en unas relaciones que ya estaban mermadas. Los choques internos, evidenciados en público por unos y otros, se han vuelto una constante. La prueba más clara de este pulso se produjo cuando la presidenta decidió retirarle las competencias de los geriátricos al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, para transferírselas al de Sanidad, del PP. Mientras el entorno de la presidenta lo achacó a su “descontento” por la mala gestión, en Ciudadanos lamentaron que produjera el mismo día que se hizo pública la cifra de muertos en estos centros, oculta hasta entonces.

“Si Reyero fuera consejero del PP, habría sido cesado hace una semana, que es cuando empezamos a estudiar qué hacer ahí”, explicó un portavoz de Ayuso a eldiario.es. Las muertes en las residencias de ancianos no han dejado de multiplicarse desde entonces –hasta los 6.056 fallecidos contabilizados a fecha de 14 de abril–. Un aumento que provocó los reproches del consejero de Políticas Sociales al “mando único” decretado por la presidenta. El vicepresidente Ignacio Aguado también ha reclamado que se tenga en cuenta a Reyero porque “es el que mejor que sabe lo que pasa”. 

Pero las discrepancias durante estas dos semanas por la gestión de la emergencia sanitaria entre ambos partidos van más allá de las residencias. En Ciudadanos consideran que se les ha apartado de todas las decisiones hasta el punto de que se han enterado por la prensa de muchos de los anuncios. La última discrepancia se produjo este miércoles cuando Ayuso tumbó la propuesta de Aguado de llevar a la conferencia de presidentes de dejar salir a los niños menores de 14 años durante el confinamiento. Antes de estos enfrentamientos, el apagón informativo en el seno del Gobierno regional, que no convocó ninguna rueda de prensa durante más de un mes, enfrentó al equipo de Aguado, como portavoz del Ejecutivo, con la dirección de medios de Sol que se negaba a que el vicepresidente realizase comparecencias con la prensa.

En Catalunya la gestión del coronavirus ha recrudecido la batalla entre los dos socios del Govern, Junts per Catalunya y ERC. Al tener las carteras de los departamentos sociales, los republicanos se han visto más expuestos a las críticas por la gestión de la pandemia, que han venido del propio Torra en lo que se refiere a las residencias, uno de los focos más letales del virus.

Las choques entre los socios se han agravado por declaraciones como las del conseller de Interior, Miquel Buch (JxCat), quien para asombro de ERC proclamó sin pruebas una intencionalidad política del Gobierno en el envío de 1.714.000 mascarillas, cuando en realidad el número corresponde a la población de la comunidad. Esta crisis no ha hecho sino confirmar que la legislatura catalana languidece, si bien Torra ha decidido posponer el anuncio de las elecciones anticipadas por la emergencia sanitaria.

En el País Vasco, donde el PNV y el PSE-EE gobiernan juntos desde 2016, el choque tiene un cierto aroma preelectoral aunque no haya fecha para los comicios aplazados el 5 de abril. Las diferencias entre Vitoria y Madrid se iniciaron con la declaración del estado de alarma, cuando el portavoz, Josu Erkoreka, habló de un “155” encubierto al asumir el Estado el mando de la crisis. El equipo del lehendakari Iñigo Urkullu consideraba entonces que no había motivos para el confinamiento. Luego llegó la crítica al parón de la actividad económica no esencial. Y se han cuestionado también decisiones sobre políticas activas de empleo, el plan de aislamiento de asintomáticos, el sistema de reparto de mascarillas en el transporte o el final del curso escolar.

Esta semana, la secretaria general de los socialistas, Idoia Mendia, que va superando la COVID-19, y la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, hicieron públicas sus críticas. San José, también del PSE-EE, leyó para los periodistas una respuesta preelaborada durante una rueda de prensa telemática. “Es cierto que algunas de las consideraciones no han sido consensuadas. No quiero desvelar las deliberaciones del Consejo de Gobierno pero sí puedo decirles que los consejeros y el propio lehendakari conocen la posición de los consejeros socialistas. [...] Comparto con la dirección del PSE-EE que algunas críticas de trazo grueso no ayudan a conservar esa confianza de la población”, recitó San José sentada al lado de un Erkoreka de gesto muy serio. “Queríamos darles un toque”, admiten en el PSE-EE.

Una consejera destituida en Canarias  

Pero también en otros territorios en los que el impacto del virus ha sido menor como Canarias o la Comunitat Valenciana ha habido roces. En el archipiélago canario, donde gobierna una coalición de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), la crisis se ha llevado por delante a su consejera de Sanidad, la socialista Teresa Cruz Oval. “No me dejan trabajar”, criticó la exconsejera cuando el presidente Ángel Víctor Torres, también del PSOE, reforzó su gabinete de crisis con gestores procedentes del anterior gobierno de Coalición Canaria o de máxima confianza del vicepresidente regional, Román Rodríguez, de Nueva Canarias. 

También ha habido discrepancias en la Comunitat Valenciana (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos) aunque se aprecia esfuerzo por no manifiestarlas públicamente. En Unidas Podemos aplauden las medidas de Ximo Puig y los principales roces han surgido con Compromís, a quien molesta el protagonismo de los socialistas con las comparecencias diarias de la consellera de Sanidad, Ana Barceló. 

Ha habido diferencias respecto a la aplicación de permiso retribuido a los funcionarios a cambio de recuperar horas, que no ha gustado en Compromís y se ha defendido desde la conselleria de Justicia, de titularidad socialista. También con las declaraciones de Mónica Oltra y otros miembros de Compromís que pidieron el cierre del AVE entre las primeras medidas excepcionales. Entre miembros de la coalición valencianista se critica que Pedro Sánchez no 'cerrara' Madrid como medida de prevención y creen que se pone en riesgo la vida de los trabajadores con el retorno a la actividad de este lunes.

En Andalucía la tensión entre socios es relativa. Si bien es cierto que han tenido desencuentros sobre todo a la hora de transmitir los datos, el vicepresidente Juan Marín, de Ciudadanos, está siendo en sus intervenciones aún más duro que el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), con el Gobierno central. Pero en general están manteniendo el discurso unánime de confrontación al Ejecutivo de Pedro Sánchez comparando constantemente la gestión andaluza con la del Gobierno central y presumiendo de previsión.

Menos estragos en otras autonomías 

En otras comunidades, sin embargo, los efectos de la pandemia han hecho menos estragos en los gobiernos de coalición. La crisis no ha hecho mella, hasta el momento, en Castilla y León, con una coalición entre PP y Ciudadanos que parece fortalecida. El vicepresidente, Francisco Igea, de Ciudadanos, por su profesión de médico goza de la autoridad que inviste una bata blanca para dar explicaciones sobre la enfermedad y cuestionar las decisiones del Gobierno central. Mientras, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, se expone lo justo y siempre para dar mensajes triunfalistas que su socio no le va a desmentir. El más repetido es que Castilla y León ha “liderado” la adopción de medidas antes del estado de alarma. 

La situación más crítica es la falta de infraestructura y profesionales sanitarios en Soria y en Segovia, con los hospitales desbordados mientras que en Valladolid se ha hecho un gran despliegue montando un hospital de campaña que está prácticamente vacío. Eso sí, el hospital que Defensa montó en Segovia está sin uso porque según la consejera el Gobierno nacional les montó “una tienda de campaña”. Para compensar el error de tener un hospital sin apenas utilidad mientras dos provincias metían enfermos hasta en la cafetería, Fernández Mañueco pidió ayuda a Madrid, que envió efectivos del Samur. Pero el parcheo del PP no consiguió tapar el roto de Ciudadanos, que gestiona la consejería más complicada por las características de la comunidad, con una población envejecida y con alto grado de dispersión, y que sufre ahora los recortes que hizo el PP sin que Ciudadanos haya alzado la voz.

Tampoco ha habido grandes discrepancias en Murcia, donde la menor incidencia de los efectos del virus ha permitido una gestión de la crisis sin prácticamente enfrentamientos entre los socios de gobierno, PP y Ciudadanos. El único rifirrafe, aunque con muy buenas palabras, ha tenido lugar por la realización de test rápidos en las residencias de mayores. Mientras Ciudadanos, que tiene la consejería de Política Social, ve imprescindible que se hagan a usuarios y trabajadores de todos los centros; el PP, que dirige la consejería de Sanidad, considera no es prioritario en aquellos en los que no ha habido casos, que son mayoría.

La gestión de la pandemia en Aragón no está provocando discrepancias la coalición de PSOE, PAR, Podemos y Chunta. El presidente Javier Lambán marca el discurso político y los consejeros han tenido espacio para explicar las iniciativas de sus departamentos. Tampoco ha habido roces reseñables en La Rioja, donde la única consejera de Podemos en un Ejecutivo liderado por los socialistas dirige un área en principio alejada de la gestión de la pandemia: Participación, Cooperación y Derechos Humanos. 

El ambiente también es de calma en Baleares (PSIB, Podemos, MÉS). Los ecosoberanistas de MÉS se han mostrado críticos con algunas decisiones del Gobierno central, aunque también lo ha hecho en cierta manera la presidenta socialista Francina Armengol que, por ejemplo, era partidaria de mantener una semana más cerrada toda la actividad económica no esencial en las islas.

En Navarra, a pesar de que el Gobierno está compuesto por los mismos socios que en Euskadi donde sí ha habido tensiones entre el PNV y el PSE, el Ejecutivo formado por el PSN, Geroa Bai (la marca navarra de los nacionalistas vascos) y Podemos no ha mostrado signos de fractura. Las medidas han sido consensuadas en equipos formados por miembros de los tres partidos, y al igual que sucedió en la negociación presupuestaria que acabó en febrero con la aprobación de las cuentas en el Parlamento con el apoyo de EH Bildu, tanto PSN, como Geroa Bai y Podemos han cedido en algunas materias en busca del consenso. 

En Cantabria, la relación entre los socios de Gobierno PRC-PSOE tampoco se ha visto especialmente afectada. El bipartito venía de una situación convulsa por el rechazo regionalista a la investidura de Pedro Sánchez a principios de año, que a punto estuvo de romper la coalición. Pero ambos partidos limaron asperezas y siguieron adelante con un acuerdo renovado. Las principales áreas de gestión de esta crisis -Sanidad, Economía, Empleo y Políticas Sociales- recaen en el ala socialista del Ejecutivo, si bien las compras de material se hacen desde Presidencia, en manos del PRC. De hecho, las únicas salidas de tono han venido desde las filas regionalistas a cuenta del reparto de material sanitario por parte del Estado en las primeras semanas, aunque el presidente Miguel Ángel Revilla ha apoyado a Sánchez en todo momento en esta crisis. 

Con información de Fátima Caballero, Oriol Solé Altimira, Iker Rioja Andueza, Alexis González, Laura Martínez Redondo, Lucrecia Hevia, Laura Cornejo, Erena Calvo, Óscar Senar, Irene Castro, Aitor Riveiro, Rodrigo Saiz y Rubén Alonso.