El Govern ofrece a centenar de alcaldes tramitar el pago de cotizaciones sociales

El gobierno catalán ha ofrecido esta tarde a un centenar de alcaldes catalanes la posibilidad de que el ejecutivo catalán se encargue de tramitar el pago al Estado de sus cotizaciones a la Seguridad Social y de los impuestos estatales.

El secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, y el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, han hecho este ofrecimiento a estos alcaldes durante una reunión mantenida esta tarde en Barcelona.

Los alcaldes convocados pertenecen a la Asociación Catalana de Municipios y a la Asociación de Municipios para la Independencia.

Antes del encuentro, los responsables del Govern han explicado a los medios que la Generalitat se ofrece así como tramitadora de servicios tributarios a los entes locales.

En la práctica, ello quiere decir que el Govern está dispuesto a gestionar y centralizar el pago de los impuestos estatales -IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades- que estos ayuntamientos deben pagar al Estado, y a hacer lo propio con las cotizaciones sociales, todo ello en cumplimiento de la legislación vigente.

Actualmente, hay unos 120 ayuntamientos catalanes que están ya tramitando el pago de los impuestos estatales a través de la Agencia Tributaria de Cataluña.

En paralelo, el Govern anunció en julio que a partir de octubre la Agencia Tributaria de Cataluña centralizaría el pago al Estado de los impuestos estatales que corresponden a todo el sector público catalán, es decir, a la propia Generalitat y a unas 180 empresas públicas catalanas.

Salvadó ha precisado que los ayuntamientos interesados en que la Generalitat asuma este servicio deberán firmar luego un acuerdo con el ejecutivo catalán, y Ginesta ha comentado que el pago de las cotizaciones sociales se canalizaría a través de la Agencia Catalana de Protección Social, un organismo de nueva creación.

Según cálculos del Govern, si los ayuntamientos y sus empresas públicas pusieran en manos del Govern el pago de los impuestos estatales, la administración catalana podría gestionar el pago de unos 1.500 millones de euros anuales.