El Govern exige al Estado que pase a los “hechos” y acepte el diálogo bilateral

La consellera de Presidencia, Neus Munté, ha puesto hoy en duda la credibilidad de las “invitaciones al diálogo” del Gobierno del Estado, al que ha exigido que “pase de las palabras a los hechos” para que estos gestos no caigan “en saco roto”, y que acepte una negociación “bilateral”.

Tras la reunión de hoy del Govern, Munté ha señalado que la “mano tendida” ofrecida ayer por el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, resulta “absolutamente contradictoria” con la “beligerancia” del Estado contra el proceso soberanista.

Munté ha denunciado los casos más recientes de “persecución de cargos electos e institucionales” soberanistas: la suspensión como juez del senador de ERC Santiago Vidal, la citación a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a declarar como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la votación en el Congreso del suplicatorio para poder juzgar a Francesc Homs.

En alusión a estos casos, ha afirmado que “le queda mucho trabajo al Gobierno del PP para ganarse esta legitimidad de Gobierno dialogante” y que “ayer y hoy son días tozudos para hablar” en estos términos.

A estos procesos, que ha calificado de “gravísimos y sin precedentes”, hay que sumar, ha dicho Munté, las “invasiones competenciales” y los “incumplimientos” de compromisos del Estado con Cataluña.

“Sólo oímos palabras, invitaciones al diálogo y al entendimiento, pero lo que necesitamos son hechos” para que se demuestre que no son llamamientos “vacíos” o una mera “operación de maquillaje”, ha recalcado Munté, que ha reclamado un “diálogo bilateral” entre la Generalitat y el Estado.

Ante las “evidentísimas contradicciones” entre los “llamamientos al diálogo y los hechos”, Munté ha dicho a Millo que tiene la “magnifica oportunidad” de pasar “de las palabras a los hechos”, así que le ha pedido que “acabe con la persecución a cargos electos que ha caracterizado a su predecesora” en la Delegación, Llanos de Luna.

Ante la petición de Millo para verse con el presidente catalán, Carles Puigdemont, Munté ha afirmado que el Govern “habla con todo el mundo”, pero ha señalado que “la interlocución se produce sobre todo entre presidentes y vicepresidentes”, dos reuniones que están “pendientes” y aún no tienen fecha.

En todo caso, ha descartado que el hecho de que Sáenz de Santamaría acepte reunirse con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en Barcelona, no implica cambios en la negativa de Puigdemont a asistir a la conferencia de presidentes autonómicos.

“Son dos cosas distintas”, ha proseguido la portavoz de un gobierno que, ha dicho, ve que el sistema de financiación está “caducado” y rechaza “liderar” las negociaciones para su eventual actualización.

La portavoz ha reivindicado un diálogo “bilateral” con el Estado para negociar el referéndum y las 46 demandas catalanas, en las que “no ha habido ningún avance”.

“Creemos que nos hemos ganado el derecho a reclamar una relación bilateral con el Gobierno del Estado para abordar todas las cuestiones que hay sobre la mesa, que no son pocas, más allá del modelo de financiación”, ha enfatizado.

Un diálogo que el Govern está pidiendo “con mucha intensidad” desde hace años pero que, según Munté, no ha tenido respuesta, pues “en la mesa -de negociación- no hay nadie sentado excepto el gobierno de Cataluña”.

En este línea ha incidido que los llamamientos al diálogo desde el Gobierno central, si no van acompañados de “hechos concretos”, están “absolutamente vacíos” y no generan “ninguna confianza”.

Munté ha asegurado que el Govern despliega de forma “coordinada” los contactos con el Gobierno central de Puigdemont (PDECAT) y Junqueras (ERC), pues las agendas son “conjuntas y complementarias”.

En su reunión de hoy, el Govern ha hecho balance de los “conflictos competenciales” con el Estado: 18 recursos de inconstitucionaldad y conflictos de competencia planteados por el Estado y 27 por parte de la Generalitat, además de 56 recursos contenciosos administrativos contra el Estado por “invasión de competencias en materia de subvenciones.