Greenpeace y los indios brasileños exigen celeridad en la demarcación de tierras

Activistas de la organización Greenpeace y grupos de indios de la Amazonía se manifestaron hoy contra las demoras del Gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer, en el proceso de demarcación de tierras indígenas en esa región del país.

La protesta fue convocada por miembros de la etnia Munduruku, que habita en los estados amazónicos de Amazonas, Mato Grosso y Pará, y a ella se sumaron activistas de Greenpeace que también criticaron las trabas en el proceso de demarcación de unas tierras que, según dijeron, “los pueblos originarios defienden de la depredación”.

La manifestación estuvo enmarcada en las actividades previstas para esta semana por cientos de indios que llegaron a Brasilia este lunes y acamparon en una céntrica avenida de la capital.

El campamento Tierra Libre se celebra cada año desde 2003 y es organizado durante la llamada “Semana Nacional de Movilización de los Pueblos Indígenas”, que este año tiene como principal motivo de queja la “paralización” del proceso de demarcación de tierras.

En Brasil existen unas 600 reservas indígenas, pero otros cientos de zonas reclamadas por diversas tribus aún no han sido debidamente delimitadas, lo cual los propios indios y organismos de derechos humanos han denunciado como un factor de violencia en el campo.

Según un informe divulgado la semana pasada por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo vinculado a la Iglesia católica, en 2017 se registraron en el país 70 muertes en conflictos por la tierra, cifra un 15 % superior a la de 2016 (61) y la mayor en los últimos 14 años.

El estudio subrayó que, en su gran mayoría, las víctimas fueron trabajadores rurales, campesinos sin tierra, indios, descendientes de esclavos prófugos, colonos y pescadores.

También alertó de que esa cifra puede aumentar en caso de que las autoridades confirmen una matanza de diez indios aislados de la civilización que habría ocurrido entre julio y agosto de 2017 en el Valle del Javari, en el estado de Amazonas, que fue denunciado por grupos indígenas y que aún es investigada.