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Greenpeace denuncia pasividad de Gobierno brasileño ante grave deforestación

Greenpeace denuncia pasividad de Gobierno brasileño ante grave deforestación

EFE

Varsovia —

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Greenpeace denunció hoy la pasividad del Gobierno de Brasil ante la desaparición de superficie forestal y la presión de los grandes productores agropecuarios en el país, cuya deforestación ha aumentado cerca de un 28 % en el último año, según las propias autoridades brasileñas.

“La Administración brasileña no tiene la deforestación bajo control”, advirtió a Efe la coordinadora de políticas públicas de Greenpeace Brasil, Renata Camargo, quien lamentó la “falta de voluntad política” y la ausencia de una legislación más severa contra los responsables de la tala ilegal.

Durante la cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP19) que se celebra estos días en Varsovia, Camargo recordó que su país debería acudir a esta cita para anunciar precisamente todo lo contrario, que la deforestación está bajo control, pero los datos hechos públicos por la ministra del ramo, Izabella Teixeira, confirman todo lo contrario.

Las cifras, conocidas durante la COP19, señalan que la deforestación en Brasil, sobre todo en el área de Mato Grosso, ha aumentado un 28 %, lo que afecta a una superficie de cerca de 6.000 kilómetros cuadrados.

La ganadería extensiva y la producción a gran escala de soja en el norteño estado de Para y en el estado centro-occidental de Mato Grosso están detrás del incremento de la deforestación, según los datos oficiales, con aumentos del 37 % y 52 %, respectivamente.

A pesar de que el Gobierno brasileño asegura que no tolera ningún tipo de deforestación ilegal, Greenpeace apunta al fuerte “lobby” de las grandes explotaciones agropecuarias como responsable de una serie de iniciativas que no sólo afectan al bosque brasileño, sino que también amenazan la biodiversidad y la forma de vida tradicional de grupos indígenas del Amazonas.

Según Camargo, la nueva Ley Forestal de Brasil, aprobada en 2012, amnistía a los responsables de la deforestación ilegal, algo que en su opinión no sirve para atajar el problema.

“Nosotros no estamos en contra del desarrollo en sí mismo, que no es malo, sino que nos oponemos a un mal modelo de desarrollo de país”, señaló.

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