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El director de la Guardia Civil amenaza con demandar a Garzón por llamar “asesinos” a los agentes

El director de la Guardia Civil, Arsenio Fernádez de Mesa, durante un acto del cuerpo que dirige

Europa Press

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha ordenado al general jurídico del Cuerpo que “inicie las acciones legales oportunas” y traslade a la Fiscalía las declaraciones del diputado de IU Alberto Garzón en las que acusaba al Gobierno de enviar a guardias civiles a “asesinar inmigrantes en la valla de Melilla” por si “pudieran ser constitutivas de delito”.

Según ha informado el Instituto Armado, Fernández de Mesa ha calificado las declaraciones de “inadmisibles” y cree que reflejan “el desconocimiento más absoluto de la labor que a diario realizan los guardias civiles que trabajan en las vallas de Ceuta y Melilla”.

Ha destacado que los agentes trabajan con “respeto escrupuloso a la legalidad” y “al Estado de Derecho y con total humanidad” defendiendo las fronteras de “la inmigración ilegal, violenta y masiva”.

El director del Cuerpo ha instado a Garzón a “conocer la realidad” de cómo trabajan los guardias civiles y no dejarse llevar por “ciertas manipulaciones” antes de hacer declaraciones que ha calificado de “ofensivas desde todos los puntos de vista”.

Fernández de Mesa se ha reunido este jueves con mandos de la Guardia Civil en la Zona de Andalucía en Sevilla y ha manifestado su apoyo “incondicional” a todos los guardias civiles, porque trabajan “en beneficio de la sociedad a la que sirven”, y especialmente a los que trabajan en Ceuta y Melilla.

IU lo considera un “sinsentido”

El diputado de IU, Ricardo Sixto, ha considerado hoy un “absoluto sinsentido” que la Guardia Civil estudie emprender acciones legales contra el líder de IU, Alberto Garzón, como ha anunciado esa institución, por sus declaraciones sobre incidentes en la valla de Melilla.

Sixto, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, ha precisado que las manifestaciones de Garzón constituyen “una crítica a la política del Gobierno” en la frontera con Melilla y especialmente a las devoluciones en caliente y los incidentes del Tarajal.

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