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La Guardia Civil busca documentación en la sede del Gobierno madrileño por el caso Púnica

Requieren todos los contratos de la agencia de comunicación que preside el número dos de González y otros dos organismos con conseguidores de la trama

El ex consejero delegado de la agencia declaró al juez que Salvador Victoria ordenó pagar con facturas falsas un trabajo para mejorar la imagen de González

La Comunidad de Madrid entrega a los agentes solo una parte de la documentación requerida y tiene de plazo hasta el próximo 30 de enero para completarla

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El número dos de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y su presidente, Ignacio González.

Agentes de la Guardia Civil se han personado este mediodía en la sede del Gobierno regional de Madrid en el marco de la operación Púnica con un requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han pedido a los funcionarios que les entreguen todos los contratos y las facturas que se hayan firmado con dos empresas del imputado Alejandro de Pedro Llorca en los últimos cinco años, Mativa Editorial y Eico Online. También quieren los contratos en ese periodo de tiempo con tres empresas de José Antonio Alonso,  excalde de Cartagena (Murcia). Ambos fueron detenidos en la primera fase de la operación Púnica.

Según informaron fuentes de la investigación a eldiario.es, los agentes se han dirigido al Área de Contratación, la Oficina de Comunicación y la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM). Velasco podría haber firmado una solicitud por escrito para que la documentación le fuera remitida al juzgado, pero ha preferido enviar a los agentes a pedirlas a la sede del Gobierno madrileño, una medida mucho más expeditiva.

José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de uno de esos organismos requeridos, ICM, declaró ante el juez Velasco el 29 de octubre pasado que fue Salvador Victoria, número dos del Gobierno de Ignacio González, quien le ordenó pedir a Indra saldar una deuda de 10.000 euros con De Pedro Llorca, según informó El País. Esa deuda respondería a trabajos por mejorar en la red la imagen de cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos González y el propio Victoria. El consejero de Presidencia ha negado de forma "rotunda" y "tajante" haber ordenado dicho pago.

Los investigadores creen que Alejandro de Pedro Llorca –que fue detenido y estuvo en prisión preventiva dos meses– era uno de los conseguidores de la red desarticulada. La agencia ICM es un organismo público cuyo consejo de administración preside Salvador Victoria. La Comunidad de Madrid niega tajantemente que la consultora Eico Online Reputation Management SL, propiedad de De Pedro Llorca, se dedicara a mejorar la posición de los dirigentes del PP con dinero público: "Sería ilegal", señalaron fuentes del Gobierno regional que insisten en que los contratos con esa firma involucrada en la Púnica se limitaban a realizar el clipping de noticias (resumen de prensa) y el posicionamiento de las informaciones del Ejecutivo en la red.

Sin embargo, en uno de los autos dictados por Velasco el pasado octubre ya consideraba "acreditado" que las empresas de De Pedro prestaban "servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto".

El exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa está imputado por un total de seis delitos como "cabeza de un entramado de tráfico de influencias, habiéndose acreditado que se ha concertado con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos". En el marco de la operación Púnica fue detenido el exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y antiguo número dos del PP en la Comunidad, Francisco Granados, quien continúa en situación de prisión provisional.

Las mismas fuentes explicaron que la Comunidad de Madrid les ha entregado en el acto solo una parte de la documentación requerida, comprometiéndose a remitir el resto a lo largo de la próxima semana. La resolución del juez da de plazo a la Comunidad de Madrid hasta el viernes de la semana que viene, 30 de enero. La documentación entregada a la UCO hoy jueves coincide con la que los funcionarios han encontrado de inmediato, explicaron las citadas fuentes.

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