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Guatemala inaugura la nueva Fiscalía que investigará delitos contra periodistas
El Ministerio Público de Guatemala inauguró este viernes la nueva Fiscalía de Delitos Contra Periodistas con el fin de “fortalecer” y “garantizar” el derecho a la libre expresión a los comunicadores en un país en el que en los últimos cuatro años han habido casi 400 denuncias por ataques a este gremio.
La jefa del Ministerio Público y fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que todos los expedientes que tenía a su cargo la unidad fiscal que se encontraba dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos “se trasladarán a la nueva Fiscalía de sección”, la cual contará con presencia al interior del país.
La Fiscalía de Delitos Contra Periodistas “será la encargada de conocer, investigar y perseguir penalmente los delitos que se cometan en contra de periodistas (...) como actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad periodística”, subrayó Porras.
La fiscal general agregó que esta nueva Fiscalía refrendaba “el compromiso” de la entidad en la “lucha frontal que se impulsa en contra del delito”, sobre todo para “garantizar la libertad de prensa”, lo cual “es una prioridad para el Ministerio Público y un derecho fundamental para la democracia”.
En una conferencia de prensa realizada en la sede central del Ministerio Público, en Ciudad de Guatemala, Porras invitó a los medios a llegar a la entidad que “tiene las puertas abiertas” para las “consultas”, aunque subrayó que estas no deberán “afectar los derechos humanos de las personas víctimas ni el proceso de investigación”.
En los últimos cuatro años, el Ministerio Público ha registrado 392 denuncias presentadas por periodistas por delitos que en su mayoría son amenazas y coacciones.
Además, ha habido denuncias de “robos, hurtos, abusos, detenciones ilegales, tortura, asesinatos y lesiones”, detalló el fiscal contra los delitos a periodistas, Daniel Ordóñez Hernández.
Desde que en 2005 se creó la unidad en la Fiscalía de Derechos Humanos, primero como parte de la unidad fiscal de delitos contra activistas, operadores de justicia, sindicalistas y periodistas y luego desde 2011 como unidad exclusiva para la prensa, han habido 17 sentencias condenatorias conseguidas por el Ministerio Público.
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